El juez de la operación Soule exonera a 18 personas y divide la causa en siete piezas

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado respecto a 18 personas el archivo de la causa sobre presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la época en la que la presidía Ángel María Villar, el denominado caso Soule.

Así lo establece el magistrado en un auto en el que decreta el sobreseimiento de las actuaciones para 18 personas físicas, entre ellos exdirigentes federativos y empresarios, y cuatro jurídicas que se encontraban investigadas, a la vista de lo solicitado por el Ministerio Fiscal al no haber quedado debidamente acreditada su participación en los hechos.

En otro auto el juez divide la investigación en siete piezas separadas relativas a cada una de las federaciones de fútbol, la primera la relativa a la RFEF, en la que se encuentran investigados Ángel María Villar, su hijo Gorka, el exvicepresidente Juan Antonio Padrón, y otras cinco personas.

Entre los investigados también estaba el expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio, ya fallecido, a quien el juez imputó junto al exsecretario general de dicho organismo Raúl Massó, para quien ahora se ha archivado la causa.

También se archiva para la exdirectora de la selección española de fútbol María José Claramunt, así como para los presidentes en la época de los hechos investigados en las federaciones de Madrid, Vicente Temprado; Comunidad Valenciana, Vicente Muñoz Castelló; Extremadura, Juan Espino; Murcia, José Miguel Monje; Ceuta, Antonio García Gaona, y Melilla, Diego Martínez Gómez.

Estas son las 18 personas exoneradas de la causa: Ana Isabel Castro Val, Andrés Tolmos Baquero, Juan Espino Navia, Valentín Sainz Rozas Ramírez, Gonzalo Pérez Cea, María José Claramunt Alonso, Carlos Plasencia Romero, Vicente Temprado García, Jacinto Alonso Marañón, José Miguel Monje Carrillo, José Asensio García, Onofre Alba Gimeno, Vicente Muñoz Castelló, Diego Martínez Gómez, Antonio García Gaona, José Higinio Temprado Martínez, Víctor Oñate Serena y Raúl Massó Zambudio.

También quedan exoneradas las ‘personas jurídicas’ de Viajes Vacança, Policlínica Murciana de Fútbol, Viajes Trujillo y Viajes Delpisa.

Por otro lado, a solicitud también del Ministerio Público el juez accede a dividir la causa por hechos y acusados en distintas piezas para simplificar el enjuiciamiento "evitando un juicio con una multiplicidad compleja" de los mismos.

Así la causa se divide en piezas separadas, la relativa a la RFEF, así como la tinerfeña (con cuatro personas investigadas), la cántabra (con dos), la Interinsular de Las Palmas (con cinco), la catalana (con cinco) y las delegaciones territoriales andaluza y balear de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles (MUPRESFE), una cada una.

El caso Soule salió a la luz el 18 de julio de 2017, aunque se inició por orden de otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a principios de 2016, por una denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) por supuesta administración desleal contra Ángel María Villar, presidente del organismo de 1988 a 2017.

Se investiga por posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares a anteriores responsables de la RFEF, ya que el juez Pedraz consideró que Villar presumiblemente tejió un "entramado" y una red de "clientelismo" que permitió "el desvío de millones de fondos, tanto públicos como privados, del ente federativo".

También se investiga una "presunta desviación de fondos aportados por la Liga Nacional de Fútbol Profesional a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos", según indicó la Fiscalía en un escrito.

Los informes periciales revelan, añadía el ministerio público, que "las aportaciones realizadas por LaLiga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la Federación en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos" y dicha diferencia no está "justificada".