Martes, 24 de Febrero de 2026

Actualizada Martes, 24 de Febrero de 2026 a las 00:46:28 horas

La Federación de Ciclismo sufre una filtración de datos tras un ciberataque

IUSPORT IUSPORT Martes, 13 de Agosto de 2024

La Real Federación Española de Ciclismo ha sufrido una brecha de seguridad como consecuencia de un ciberataque, quedando expuestos los datos personales de las licencias federativas.

 

La federación se ha mostrado preocupada por los hechos acontecidos, solicitando a sus federados que extremen las medidas de seguridad ante cualquier correo o llamada susceptible de ser considerada como fraudulenta.

 

Los datos afectados por el ciberataque

 

Según ha informado la propia federación a sus afiliados, los datos que se han visto afectados son: «nombre, apellidos, DNI, email, sexo, fecha nacimiento, datos domiciliarios, teléfonos, fotografía de la licencia, nombre del club al que se encuentran asociados, categoría de la licencia y especialidad».

 

Desde la Real Federación Española de Ciclismo se asegura que los datos filtrados son «meramente identificativos» y que, en ningún caso, se habrían filtrado «datos bancarios ni sensibles».

 

No obstante, se recomienda a los federados que «extremen las medidas de seguridad ante cualquier correo o llamada telefónica que le parezca sospechosa, cambie sus claves de acceso y use las medidas de seguridad necesarias».

 

Desde la RFEC se asegura que «se han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para solucionar la brecha ocurrida, corrigiendo el error informático que la causó».

 

De igual manera, los hechos se habrían puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos y la unidad de Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

 

Obligaciones ante una brecha de seguridad

 

Cuando se produce una brecha de seguridad, el responsable de tratamiento de los datos debe valorar las posibles consecuencias que puede tener sobre los afectados.

 

Si la brecha de seguridad constituye un riesgo para los derechos y las libertades de las personas, existe la obligación de notificarla ante la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas.

 

De igual manera, se deberán comunicar los hechos acontecidos a los afectados, con lenguaje claro y sencillo, recomendándoles las actuaciones a seguir para minimizar las consecuencias negativas

 

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