
La Fiscalía considera que existe "una base suficiente" para mantener imputado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, y remarca "la necesidad de que sea interrogado en aquella condición" en el caso de los Supercopa Files, segun informa El Confidencial.
El fiscal responde así al recurso de Rocha, que criticó que no se estaban respetando sus "derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la defensa".
Pedro Rocha recurrió la resolución de la titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) que acordaba ampliar la causa respecto a quince personas e imputar, entre ellas, al exfutbolista y empresario Gerard Piqué, quien habría pactado una comisión anual de 4 millones de euros por el acuerdo que trasladó dicha competición a Arabia Saudí, y al propio Pedro Rocha, inicialmente citaco como testigo.
En su recurso, Rocha pidió la nulidad de dicha resolución y el archivo de la causa respecto a él, al considerar que "la decisión incriminatoria" de la jueza no se debe basar en "meras sospechas o prospecciones ayunas de aval probatorio, aunque sea provisional".
En su recurso, Rocha subrayó la "ausencia de datos incriminatorios" en su contra y criticó que se le atribuya una "culpa in vigilando" y se le achaque no haber convocado a la Comisión Económica para analizar las prórrogas del contrato de Arabia Saudí o reclamar el expediente.
Cuestiona que la jueza le atribuya una "obligación de control" que le convertiría en una especie de "garante de la legalidad" de los citados contratos, por los que también está investigado su antecesor, Luis Rubiales.
En su recurso, informado negativamnente por la Fiscsalía y pendiente de resolución, explicó que en el momento de los hechos él era presidente de la Federación Extremeña y era Andreu Camps, en condición de secretario general, quien impulsaba la convocatoria de la Comisión Económica y recababa la documentación. A él, como al resto de asistentes, dice, "todo eso les venía dado".
Rocha subrayó que "es claro" que los contratos que se investigan "fueron extraídos del control del área económica de la Federación", y cuestiona "el giro judicial, lacónico, según el cual la normativa interna federativa de procedimiento económico" le constriñe, como vicepresidente económico, a la hora de intervenir en la aprobación del contrato de Arabia Saudí o el que adjudicó a la empresa Gruconsa obras de reforma del estadio sevillano de La Cartuja.
Finalmente, Rocha alegó que sólo se analizaban los contratos que implicaban un gasto en la Federación, "pero no la percepción de emolumentos" y recuerda que el entonces comisionado de control externo, Tomás González Cueto -también imputado-, rechazó que hubiese conflicto de intereses en la mediación del entonces jugador blaugrana Gerard Piqué en el contrato de la Supercopa.
Para el fiscal, estos argumentos siguen resultando insuficientes y debe investigarse su posible participación en los contratos, "máxime cuando ostentaba dicha presidencia" en la comisión económica y "él mismo declaró que se reunían cada 15 días". Según advierte Anticorrupción, "tampoco puede compartirse la aseveración del recurrente respecto a que la contratación en cuestión no tenía legalmente que ser aprobada por la comisión económica al no tratarse de un gasto, pues lo cierto es que también debían estar previamente informados por dicha comisión por él presidida aquellos acuerdos que implicaran 'una contraprestación económica a favor de la RFEF'".













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