El juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha dictaminado que Jesús León debe pagar un total de 3,8 millones de euros de indemnización por daños y perjuicios al Córdoba SAD.
Además, el que fuera presidente del conjunto andaluz ha sido inhabilitado durante tres años para gestionar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona, como consecuencia de una gestión que situó al Córdoba al borde de la desaparición, según ha informado el Día de Córdoba.
La resolución ha calificado como culpable el segundo concurso de acreedores abierto por el Córdoba SAD, cuando aún no había culminado el primero, considerando como principal responsable al expresidente.
Por su parte, Magdalena Entrenas, quien fuera abogada del club y consejera durante la etapa de Jesús León como presidente ha sido exonerada.
¿Qué ha considerado el juzgado de lo Mercantil en su sentencia?
El juzgado de lo Mercantil consideró que ha quedado suficientemente acreditado que Jesús León, como presidente del Córdoba, realizó «una mala gestión general que quedó reflejada a la postre en una negativa situación económica incuestionable».
El juez considera que la actuación del entonces presidente del conjunto cordobés fue realmente irresponsable, algo que acredita con «el patente desequilibrio y desproporción en la razonable, necesaria y exigida estructura equilibrada de ingresos y gastos de la entidad».
Según el juez, es evidente que «la gestión aquí examinada y cuestionada fue negligente hasta el punto de desembocar irremediable y finalmente en la insolvencia de la entidad».
Como consecuencia de la actuación de Jesús León se habría producido una «verdadera situación de descapitalización e iliquidez de la sociedad concursada», la cual se vio agravada posteriormente con los infructuosos intentos de conseguir financiación externa, lo cual derivó en «unos sobrecostes injustificados e infructuosos».
Según apunta la resolución, se habrían producido una gran cantidad de pagos realizado desde el Córdoba SAD hacia sociedades del propio Jesús León o de su entorno más cercano, cometiéndose «una maniobra de desaparición de bienes o despatrimonialización de la concursada, llevada a cabo de una manera continuada», reduciéndose progresivamente su patrimonio.
La sentencia considera que el entonces presidente «tuvo una participación activa en todos y cada uno de los hechos en que se ha fundamentado la declarada culpabilidad del presente concurso», habiendo sido incluso «beneficiario último» de las transacciones realizadas el perjuicio y daño del Córdoba SAD.
En consecuencia, la sentencia impone a Jesús León una pena de inhabilitación de tres años para la administración o representación de personas, así como la obligación de indemnizar al Córdoba con la cantidad de 3.852.897 euros, en concepto de daños y perjuicios.
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