
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Piragüismo ha decidido sancionar con dos años de suspensión a los árbitros Carlos Piélagos, Avelino Morís y con dos meses a Víctor Manuel García.
Según informa la cadena Cope, los árbitros han sido sancionados por haber cometido una falta muy grave por abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.
En declaraciones realizadas por Carlos Piélagos, el árbitro admite que «no podemos arbitrar hasta que tengamos la cautelar del Tribunal Administrativo del Deporte».
¿Qué ocurrió en este caso?
El día 15 de abril de 2024 se acordó la incoación de expediente disciplinario a los tres árbitrospor una presunta falta de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones prevista en el artículo 6.1 g) del Reglamento de Disciplina de la RFEP.
En dicho precepto se establece que «se considerarán como infracciones comunes muy graves a las reglas del juego o competición o a las normas generales deportivas: g) los abusos de autoridad y usurpación de atribuciones».
El día 15 de mayo de 2024, el instructor dicta pliego de cargos y propuesta de resolución acordando el sobreseimiento y archivo del expediente, al considerar que no ha existido abuso de autoridad ni usurpación de atribuciones.
Posteriormente, el día 27 de mayo de 2024 la jueza de porteo remite escrito al Comité de Disciplina de la RFEP realizando una serie de declaraciones y aportando pruebas gráficas. Una vez transcurrido el plazo sin que los expedientados hubiesen formulado alegaciones, se reúne el Comité y procede a dictar la resolución pertinente.
Según ha tenido conocimiento IUSPORT el Comité de Disciplina no habría dado traslado de este último escrito a los interesados y estos, considerándo que ha existido indefensión, solicitaron en el día de ayer que se les remitiese, con carácter inmediato, copia íntegra del expediente disciplinario.
La problemática radica en que los árbitros cambiaron su propia decisión en torno a la sanción de una piragüista una vez que el Comité de Competición se había disuelto.
En primera instancia, acordaron su descalificación por agresión basándose en el informe emitido por uno de los árbitros de la zona de porteo. Sin embargo, posteriormente, tras revisar las imágenes, el Comité consideró que no existió tal agresión y revoco la descalificación, eso sí, una vez el mismo se había disuelto.
El Comité de Competición se reunió una vez la competición había finalizado y el mismo se había disuelto a fin de volver a visualizar los videos y la prueba aportada para dilucidar si existía o no agresión por parte de la deportista.
Una vez revisados los videos y consultados los hechos con el juez de porteo más próximo, el Comité llega al a conclusión de que estamos ante «un lance de carrera, considerando sólo el apercibimiento a ambas embarcaciones y a lo sumo la descalificación de ambas, considerando que la descalificación de una embarcación, que fue lo que se decidió, no es la adecuada».
El expediente aperturado a la deportista termina mediante resolución sancionadora ratificada por el Tribunal Administrativo del Deporte en su expediente 24/2024.
¿Qué ha resuelto el Comité respecto a los árbitros?
En primer lugar, el Comité recuerda que ha quedado acreditado por el Tribunal Administrativo del Deporte que «se produjo una agresión por parte de una deportista del Club Deportivo Tartessos de Huelva a otra deportista del Club Deportivo Ciudad de Lugo».
El Comité se refiere a la conducta de los colegiados manifestando que «los tres expedientados dicen haberse reunido el día 19 de agosto – transcurrida una semana – para volver a revisar videos de la prueba y, dando la apariencia de continuidad en las funciones de dicho Comité, dicen que el día 21 de agosto, dos días después, envían un documento a la RFEP […] donde solicitaban dejar sin efecto la descalificación de la deportista».
Sin embargo, según recoge la resolución, a la RFEP no llegó ningún documento ni tampoco ha sido acreditado su envío por parte de los árbitros, no habiéndose aportado justificación de acuse de recibo, ni postal, ni por correo electrónico, ni justificante de certificación postal.
«Los miembros del extinto Comité de Competición pretendieron dar la apariencia de continuidad en sus funciones y siendo perfectamente conscientes que las mismas habían finalizado a las 15 horas del día 13 de agosto de 2023, con posterioridad a dicho momento elaboran un documento anexo al acta, sin fecha, en el que hacen constar una serie de afirmaciones, por otra parte inciertas, con la finalidad de contribuir a evitar que la deportista que propinó la agresión fuese sancionada».
En virtud de todo lo expuesto, el Comité considera que los hechos descritos son constitutivos de una infracción muy grave prevista en el artículo 6.1 g) del Reglamento Disciplinario RFEP, imponiendo a Carlos Piélagos y Avelino Morís una sanción de dos años de suspensión de la licencia federativa y a Víctor Manuel García una sanción de dos meses de inhabilitación temporal para cualquier cargo directivo.
Tal y como se establece en el artículo 35.3 del Reglamento de Disciplina RFEP, tendrán un plazo de 15 días para recurrir la decisión adoptada por el Comité Nacional de Competición y de Régimen Disciplinario ante el Tribunal Administrativo del Deporte.
Declaraciones de Carlos Piélagos
En declaraciones del árbitro Carlos Piélagos para Cadena Cope, el mismo recuerda que, en su momento, «el juez único dispuso que según el artículo 6.1 no consideraba que existiese abuso de autoridad ni usurpación de atribuciones».
«Aplicas una sanción a una piragüista a la vista de un informe que emite una árbitro que estaba en el porteo que dice que fue agresión. Cuando vemos el video, consideramos que no hay agresión, […] la jueza árbitro que está allí de tres infracciones solo ve una».
El árbitro manifestó que se ha quedado muy a gusto y cumplirá las dos años de sanción por rectificar una decisión en la que se equivocó: «creo que hice justicia; yo y el Comité de Competición hicimos justicia».
«Entramos en un año de elecciones y, por segunda vez, me tengo que defender porque en las últimas no pude votar y en estas voy camino de lo mismo. Hay una guerra entre personas y a nosotros nos pilla en medio».
Por último, Carlos Piélagos ha advertido que, en caso de que el Tribunal Administrativo del Deportes no les dé la razón, «esto va para la justicia ordinaria».


















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