Sobre las indemnizaciones adicionales en los casos de despido improcedente

Las entidades deportivas (clubes y federaciones deportivas) suelen disponer de trabajadores en sus plantillas con contrato laboral y, en algunas ocasiones, también de “falsos autónomos” con contrato mercantil. No es la primera ni la última vez que en estas entidades deportivas se toman decisiones -justificadas o no- que finalizan en despidos improcedentes y, a partir de ahí, empiezan los conflictos judiciales normalmente cuando no se negocia una adecuada indemnización.

Por desgracia, algunos dirigentes de estas entidades piensan que “por poco dinero” es fácil despedir a un trabajador y “se echan al monte”, sin calibrar bien las posteriores consecuencias. Recientemente, algunos medios de comunicación se han hecho eco de purgas de trabajadores “no afines al régimen” o que no resultan cómodos a determinados directivos o ejecutivos. Se les suele despedir por muy poco dinero en comparación con el daño que se les causa a nivel personal o bien deciden no renovar contratos en los casos de los llamados “falsos autónomos” a coste cero y sin acceso a paro.

Como lo que está en juego en estas entidades deportivas no es el dinero propio, sino el de clubes y deportistas federados (en la mayoría de casos, del dinero de los padres y madres de los deportistas menores de edad), no importa lo que pueda ocurrir. El cortoplacismo todo lo justifica y la altura de miras es muy corta. 

Algunos deben pensar que “la casa es grande” y si hay que pagar alguna pírrica cantidad a alguno de esos trabajadores defenestrados, pues se paga; pero eso sí, el gustazo que se pegan algunos “caudillos o emperadores” con tal de tener a esos trabajadores fuera de la estructura federativa debe ser inenarrable. 

Algunos podrán pensar que esto también puede ocurrir en el resto de empresas. Cierto, pero la gran diferencia es que una empresa de otro sector quizás reflexione más y “cuenta hasta tres” antes de tomar decisiones caprichosas como ocurre en algunas entidades deportivas, y suelen asesorarse previamente por abogados expertos laboralistas para evitar daños innecesarios a la empresa y a sus directivos o responsables.

Hace muy poco se publicaron en IUSPORT las declaraciones del actual secretario general de una federación autonómica de fútbol (Federación Catalana de Fútbol), en la que en los últimos meses se han despedido más de 30 trabajadores. El ejecutivo de la FCF pedía públicamente disculpas, por el denominado “acoso procesal” (denominación dada por la Oficina Antifraude de Cataluña) al que se sometía a estos trabajadores, obligándoles a pleitear y “pudrirse” en juzgados y tribunales durante años, con afectaciones claras a su salud mental y a la de su entorno familiar. 

Incluso en algunos casos envían a fieles trabajadores del “régimen” a mentir “como bellacos” en juicios contra los despedidos que eran sus propios compañeros hasta hace poco, y para nada les importa saber -o no- que el falso testimonio en juicio es un delito que lleva asociada pena de prisión. Todo sea por la causa y “por los bonus” asociados al cumplimiento de órdenes, aunque sean ilegales. A todos ellos poco les importan los dramas sociales de esos trabajadores despedidos sin causa alguna, la situación en la que quedan sus familias, etc. 

Por desgracia, no es una película de Netflix, sino que es una realidad que se vive en algunas federaciones deportivas sean estatales o autonómicas.

A este tipo de dirigentes o ejecutivos -sin señalar a una federación concreta- les importa muy poco el día de mañana en sus federaciones, o incluso para ellos mismos a título personal. Da igual -o no lo piensan- que tengan que hacer frente a cuantiosas reclamaciones por sus injustas decisiones. Se olvidan del concepto de “responsabilidad solidaria” de una junta directiva, pues mientras están en el poder “todo lo paga la casa” y quizás sirva aquello de que “vale la pena eliminar al disidente o al que ponga peros”.

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