Luis Rubiales declara este lunes como investigado por la operación Brodie

La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga contratos presuntamente irregulares vinculados a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante cinco años tomará declaración este lunes como investigado al expresidente de la RFEF Luis Rubiales, dentro de la causa abierta por la operación Brodie. 

Rubiales acudirá acompañado de su nuevo abogado, el letrado José Vicente Gómez Tejedor, de Gómez-Tejedor Abogados. Gómez Tejedor, que ha llevado causas de corrupción como el denominado caso Cooperación en la Comunidad Valenciana, solicitó la venia a la anterior abogada de Rubiales y ya se ha hecho efectivo el cambio.

En el marco de dicha comisión rogatoria, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaron el lunes de la semana pasada un registro en la vivienda donde se alojaba Rubiales en Punta Cana.

Dos días después, el pasado miércoles, el expresidente federativo aterrizó en Madrid tras adelantar su vuelo y fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la Guardia Civil, ante la que se negó a declarar y quedó en libertad.

Entre los asuntos bajo sospecha de los investigadores figura la contratación de la empresa Gruconsa para obras de la federación. La Guardia Civil cree que durante la época de Rubiales como presidente se habría contratado a dicha constructora a cambio de que esta realizase pagos a una sociedad administrada por su amigo Francisco Javier Martín, conocido como Nene.

La jueza que investiga estas irregularidades ha bloqueado más de medio centenar de cuentas bancarias a diversos investigados, algunas del expresidente federativo, a quien ha embargado un Mercedes.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) accedió al bloqueo de estos productos financieros a petición de la Guardia Civil y con el objetivo de "garantizar las posibles" responsabilidades económicas derivadas de los delitos que se imputan a los investigados, como administración desleal o corrupción en los negocios.

En su auto, del pasado 19 de marzo y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada reconoce que no se han cuantificado "los perjuicios económicos" o "el importe de las presuntas comisiones ilegales"