Pedro Rocha se encuentra en medio de una tormenta mediática y jurídica que podría complicar seriamente sus aspiraciones de convertirse en el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (en adelante, RFEF). Como único candidato con los avales necesarios para presentarse a las elecciones, su situación es delicada después de haber sido imputado en el marco de la 'operación Brody', una investigación que tiene como principal figura a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF.
Las respuestas de Rocha ante la juez encargada de la investigación han sido descritas como "nada esclarecedoras", lo que ha llevado a su cambio de estatus de testigo a investigado. En un fragmento de vídeo que ha trascendido, Rocha niega cualquier implicación en el contrato entre Arabia Saudí y la Supercopa de España, así como en las cuentas de la Federación de la que era vicepresidente económico. Estas declaraciones, en lugar de aclarar su posición, han generado más incertidumbre y dudas sobre su papel en los hechos investigados.
Uno de los puntos más controvertidos de su declaración fue su explicación sobre el reparto de los fondos de "profesionalización" que Rubiales distribuía entre las federaciones territoriales. Rocha afirmó que nunca ha recibido un sueldo por su cargo en la Federación Extremeña de Fútbol desde 2013, y que ha destinado esos fondos a crear tres puestos de trabajo. Sin embargo, esta afirmación contrasta con su interés en lograr el sueldo de Rubiales, que ascendía a unos 600.000 euros anuales.
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