Miguel Ángel Ramírez, presidente de UD Las Palmas, ha sido absuelto por la Audiencia de Las Palmas de una acusación por presunto fraude ajeno al deporte.
La Audiencia, en una sentencia notificada este lunes a la que ha tenido acceso IUSPORT, ha declarado que Ramírez no cometió fraude a la Seguridad Social ni a la Agencia Tributaria en las cotizaciones que una empresa de seguridad -de la que en su día fue propietario- debía abonar por sus empleados.
La sentencia también deja acreditado que Ramírez nunca fue administrador de hecho de la empresa después de su venta.
Se trata una noticia muy relevante para un empresario que ha estado sometido durante varios años a la pena de telediario y para el que la acusación solicitaba 142 millones de euros de multa y 21 años de prisión, de todo lo cual ha resultado absuelto.
A esto hay que añadir los cuantiosos gastos que ha tenido que afrontar en su defensa, capítulo en el que debe subrayarse el avión privado que tuvo que costear de su bolsillo para comparecer ante el juez porque no le concedieron unos días de margen que solicitó para poder concluir las gestiones que estaba realizando en el continente americano. 90.000 euros le costó el referido vuelo.
Nulidad de actuaciones
La Audiencia ha declarado nula la instrucción hecha por el magistrado Salvador Alba. Este juez cumple en la actualidad seis años de cárcel por manipular una instrucción penal para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell, cuando esta era diputada de Podemos, en unos hechos que están relacionados directamente con la causa de Miguel Ángel Ramírez: es, de hecho, el caso de fraude que lo sentó en banquillo.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo estimaron acreditado que, cuando se hizo cargo del caso que había iniciado Rosell, Salvador Alba citó a su despacho a Ramírez a escondidas y sin abogado y le ofreció una serie de ventajas procesales a condición de que el día que lo llamara formalmente a declarar manifestara una serie de circunstancias que podían poner en cuestión el desempeño profesional de la entonces diputada de Podemos.
La Audiencia de Las Palmas considera ahora que ese comportamiento "espurio" del juez Alba invalida la declaración posterior y formal de Ramírez, con una consecuencia favorable a sus intereses: si no es válida, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no cumplió con su obligación de citarlo en los plazos legalmente previstos para darle la oportunidad de exponer su versión, asistido por su letrado.
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