La Fiscalía ha presentado una querella relacionada con el material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia por valor de 22,9 millones de euros.
Entre los querellados está el presidente de UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, si bien este ha aclarado a EFE que, en lo que a él concierne, la querella del fiscal se formula por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, no por la venta de mascarillas ni de ningún otro material al Servicio Canario de Salud
En un comunicado de este martes, Ramírez ha asegurado que "la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha interpuesto una querella únicamente por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública en materia de IRPF, en los ejercicios 2020 y 2021 contra mi persona. Jamás vendí u oferté producto sanitario alguno al Servicio Canario de Salud, con el que nunca establecí relación comercial. Mi labor consistió únicamente en la intermediación, en un contexto de máxima dificultad y extrema urgencia, para satisfacer las necesidades de la sanidad pública".
En la querella, el Ministerio Público examina contratos por importe total de 22,9 millones de euros, de los que sostiene que hay una parte sustancial, de 9 a 10 millones de euros, que "no se corresponde con el material entregado", ha señalado a EFE la portavoz de la Fiscalía de Las Palmas, la fiscal María Rosa Rubio.
El auto por el que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria admite la querella dice en su último fundamento que los hechos son "inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda preciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación".
La portavoz del Ministerio Público explica que la querella que ya tramita el Juzgado número 5 de Las Palmas de Gran Canaria gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.
La Fiscalía inició estas diligencias a raíz de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.
Ramírez ha asegurado a EFE que él no vendió material alguno al Servicio Canario de Salud, sino que su papel fue de intermediario en la operación, como representante en las islas de Damco Trading Services y Tanoja Services.
El empresario grancanario ha insistido en que confía en poder demostrar durante la instrucción que no cometió ilícito alguno. De hecho, recuerda que los contratos de Damco Trading Services y Tanoja Services fueron auditados por el Tribunal de Cuentas.
Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SCS contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de covid-, entre otro material sanitario.
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