La respuesta del CSD que teme la RFEF: 'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'

La Gestora de la RFEF, presidida por Pedro Rocha, se constituyó tras la dimisión de Rubiales el 10 de septiembre de 2023.

Ese día, la Federación publicó un escueto comunicado con el siguiente texto:

"Se inicia el procedimiento descrito en el artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes.

La Real Federación Española de Fútbol confirma que Luis M. Rubiales Béjar ha presentado esta noche su dimisión. Así se lo ha hecho saber al ente federativo a través una carta a Pedro Rocha Junco. Además, también renuncia a su cargo como vicepresidente de UEFA.

Con la dimisión de Luis Rubiales, se inicia el procedimiento descrito en el artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes".

Es decir, no sólo conocía la Gestora la existencia y contenido del art. 31.8 de los estatutos, sino que comunicó oficialmente que iba a cumplirlo de inmediato. Sobre esa base, cabe preguntarse por qué no lo hizo; ninguna explicación admisible ha ofrecido.

Pero no sólo no cumplió con su deber estatutario, sino que el 5 de febrero de 2024, es decir cinco meses después, se dirige al CSD para consultarle si puede incumplir aquello que ya ha incumplido y, además, que le permita cometer otra infracción: convocar (la Gestora) las elecciones para el periodo 2024-2028, consciente de que no está facultada para ello.

Literalmente, la Gestora le dice al CSD que se encuentra ante una “laguna jurídica” e invoca el artículo 4 del Código Civil para concluir que, por aplicación analógica de dicha norma, “también para este caso estaría facultada dicha Comisión Gestora para convocar elecciones a Asamblea General, su Comisión Delegada, y Presidencia”. Y pide al CSD en la carta que le “confirmen si esta solución resulta adecuada, o si existe alguna otra solución ..."
 

Para empezar, la resolución del CSD es de octubre y nada dice de la convocatoria obligada de elecciones a la presidencia con la asamblea actual; se limita a autorizar el adelanto de las otras elecciones ordinarias al primer cuatrimestre de 2024. Es decir, la Gestora tenía por delante varios meses para celebrar las elecciones a la presidencia, tal y como hizo la de baloncesto, que ahora está inmersa en el segundo proceso electoral.

Es evidente que la Gestora incumplió la obligación de convocar aquellas elecciones, como mínimo por mera negligencia (imputable solo a ella). El TAD declaró el 18 de enero que la Gestora tenía y tiene la obligación de convocar las elecciones anticipadas a la presidencia. 

Y llegados a este punto, la respuesta esperable del CSD es sólo una: ‘Nemo auditur propriam turpitudinem allegans’. Se trata de un aforismo latino que puede traducirse como 'nadie puede ser escuchado invocando su propia torpeza', admitido como principio general del Derecho por el Tribunal Supremo.

La sentencia del alto tribunal (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 31 octubre de 2017, nº 1652/2017, afirma lo siguiente:

“ ... en relación con lo anterior, una contestación positiva al interrogante planteado desconocería la regla de que nadie puede obtener ventaja de sus propios errores como manifestación del principio general del Derecho nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede ser escuchado, invocando su propia torpeza)".

Aplicando este principio a la consulta que le remitió la RFEF, el CSD podría contestarle exactamente eso:  'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'.