La junta de Castilla y León, enfrentada al Gobierno por Navacerrada, critica ahora al TSJ

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha replicado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el Gobierno autonómico tiene "mucho que decir" contra la sentencia que le obliga a declarar caducada la concesión de la estación de esquí de Navacerrada: "Que no se nos diga lo que tenemos que hacer", ha avisado.

En declaraciones a los periodistas en Bocigas (Valladolid), tras anunciar la Junta de Castilla y León que recurrirá la sentencia del TSJCyL ante el Tribunal Supremo, Suárez-Quiñones, juez de profesión, ha negado que vea esta sentencia como "un ataque", que sí atribuye al Gobierno central por recurrir a la vía judicial para defender el cierre de la estación de esquí, pero sí ha reconocido que existe un "desacuerdo jurídico".

"Es una sentencia que no compartimos en absoluto porque es una sentencia que declara que es competencia de la Junta de Castilla y León determinar la caducidad de la concesión y proceder, en su caso, al desmantelamiento, pero es que también nos dice lo que tenemos que decidir", ha argumentado el consejero.

Estación "absolutamente popular"

Como argumento para defender la permanencia de la estación de esquí de Navacerrada, Suárez-Quiñones ha mencionado en primer lugar que se trata de una instalación "absolutamente popular", con 90 años de historia y de la que disfruta "el pueblo de Madrid y el pueblo de Castilla y León, el pueblo de Segovia, por lo tanto, no es la típica estación elitista de clases altas", ha añadido.

El consejero ha indicado que esta instalación da trabajo a "cientos de personas" y genera actividad económica en el medio rural de Castilla y León y Madrid, lo que ve como "plenamente compatible con los valores naturales del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama".

Sobre este espacio, Suárez-Quiñones ha anunciado que pedirán al Gobierno la transferencia de la titularidad de los montes de Valsaín, al entender anacrónica esta situación, y considerar que hay un "ataque político" del Gobierno de España contra Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

"Vamos a luchar con todos los recursos legales que tenemos a nuestra disposición y hay muchas cartas que jugar en este partido, que no ha terminado ni mucho menos para defender el interés público de Castilla y León", ha apostillado.

Suárez-Quiñones ha remarcado que asume la resolución del TSJ en la parte de la asunción de la competencia, pero ha defendido que en el Gobierno de Castilla y León serán "libres de decidir lo que nos corresponda".