La Fiscalía ha instado a la jueza de Huesca encargada de la investigación del caso Oikos, de corrupción en el fútbol profesional español, a sobreseer las imputaciones por un delito de corrupción deportiva hechas contra el jugador Íñigo López por su responsabilidad en el supuesto amaño de partidos.
En concreto de los disputados por el Sariñena y el Cariñena, en abril de 2017, y en el Reus-Valladolid, en la última jornada de esa misma temporada.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio público entiende que tras la investigación de las pruebas presentadas en relación a estos dos partidos, los indicios aportados en los informes policiales no son suficientes para la verificación del delito denunciado, por lo que entiende que procede sobreseer la causa respecto a Íñigo López.
En este escrito, la Fiscalía añade que también procede el archivo de la cauda en relación a "cualquier otro investigado en lo que respecta a su intervención en el posible amaño de estos dos partidos".
En un informe previo, el ministerio fiscal sostiene que aunque la prueba indiciaria aportada por los investigadores policiales es importante, tanto los movimientos del dinero como las transacciones realizadas no demuestran la existencia de delito.
En relación al partido entre el Sariñena y el Cariñena, el juzgado actuó contra Íñigo López como investigado al entender que pudo negociar, con la colaboración del jugador Samu Saiz y la aprobación de los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, el arreglo del resultado de cara a obtener beneficios en unas apuestas.
El ministerio público ya solicitó el pasado mes de noviembre el sobreseimiento de las investigaciones respecto al entrenador Ariz López Garay y al jugador Francisco Javier Atienza 'Pichu', en un escrito en el que anunciaba nuevas peticiones de archivo a investigados "que lo están por conducta de idéntica naturaleza".
En este escrito, la fiscalía consideraba que no quedaba acreditada conducta constitutiva de delito en la actuación desempeñada por estos imputados en relación al partido que disputaron en junio de 2017 el Reus y el Valladolid, que según los investigadores debía ganar el Reus a cambio de una prima a fin de facilitar el ascenso del Huesca a Primera División.
La jueza encargada del caso, a la espera de resolver las peticiones de archivo de las defensas de las distintas personas imputadas y 5 años después de iniciarse la instrucción, mantiene como investigados al expresidente del Huesca Agustín Lasaosa y al propio equipo oscense; a los exfubolistas Carlos Aranda y Rául Bravo, así como a la promotora Pryobras y a su gerente.
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