Sabine Paquer / SPORTLa ejecutiva responsable del área de Compliance del FC Barcelona entre mayo de 2016 y enero de 2019, Sabine Paquer, declaró a la Guardia Civil que investiga el caso Negreira que nunca fue informada del pago de 7,6 millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (1994-2018), según ha desvelado El Confidencial.
La citada ejecutiva ha añadido que desconoce el motivo por el que esas entregas de dinero fueron omitidas “a nivel contable” por la cúpula del club, según consta en el sumario del procedimiento, al que ha tenido acceso El Confidencial.
Paquer declaró como testigo ante los agentes que investigan el escándalo arbitral el 17 de julio de 2023 a las 19 horas, aunque el contenido de su declaración había permanecido en secreto hasta este martes.
Según la testigo, no se enteró de los pagos al antiguo colegiado hasta que las facturas saltaron a la prensa la pasada primavera. De haber tenido antes algún dato, dijo, habría iniciado “un expediente para saber en qué consistía el servicio [que supuestamente prestaban Negreira y su hijo], justificar los importes para saber el servicio concreto prestado, además de determinar la existencia de conflicto de interés”, dado que Negreira estaba en condiciones de influir en las competiciones deportivas disputadas por el propio Barça.
También subrayó que no era habitual que el FC Barcelona firmara contratos verbales con proveedores, como presuntamente habría hecho el club con Negreira y su hijo durante casi dos décadas para pagarles a cambio de teóricos asesoramientos arbitrales. Además, de su declaración se deduce que, al menos de 2016, las facturas de importes tan elevados como las que giraba Negreira requerían de la autorización de al menos tres altos cargos.
Los pagos a Negreira se habrían producido al menos entre 2001 y 2018. El juez Joaquín Aguirre mantiene imputados por cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental al propio Laporta por su primera etapa al frente del club (2003-2010); a Sandro Rosell, y a Josep María Bartomeu, así como a otros altos cargos de la institución que habrían interactuado con el responsable arbitral y su hijo.
El club también está imputado como persona jurídica por carecer presuntamente de los sistemas de control y prevención necesarios para evitar la supuesta comisión de los delitos relacionados con las entregas de dinero. La declaración de Paquer será clave para determinar la posible responsabilidad penal del FC Barcelona.
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