Agencia antidopaje: el Gobierno debe asegurar la credibilidad del sistema

Hace algunos meses nos preguntábamos, ante un ataque sin precedentes al conocimiento de los jueces, si la población española querría saber el nivel de aptitud del director de la Agencia Antidopaje Española, la CELAD. Hoy, algunos meses después, es muy probable que sean pocos los ciudadanos que alberguen dudas sobre esta cuestión.

En el planteamiento de lo que se está descubriendo estos días, poco a poco, hay dos cuestiones diferentes que se responden; la primera de ellas, con sencillez: ¿el contrato con la empresa PWC incluía la presencia de uno o dos asistentes a los controles? O, por decirlo más claro ¿se pagó uno o dos?.

Si se pagó uno, los problemas son de gestión, pero si se pagaron dos y asistió uno, la cuestión es sencilla: o estamos en un presunto delito o, cuando menos, estamos en un supuesto de responsabilidad contable que tiene sus propios responsables en virtud de la competencia para recibir y firmar la conformidad de la situación.

En lo demás, cuanto más vamos sabiendo más se nos encoje el corazón. Se nos dijo que el RD 792/2023, de 24 de octubre, que desarrolla la Ley Orgánica 11/2021, era una exigencia de la AMA, que hoy confirma que no lo vio. El RD fue una burda trampa para salvar por enmienda una observación esencial del Consejo de Estado. Todo era una exigencia de quien ahora dice que no lo vio. Curioso y complejo.

La gestión de los expedientes. Realmente, sobre este tema no se pueden formular conclusiones sin tener presentes los propios expedientes, pero lo que hoy dice la AMA y lo que estamos viendo demuestra, sobre todo, una fuerte incapacidad para cumplir la función pública asignada. Expedientes paralizados, competencias abocadas a las federaciones internacionales y, sobre todo, sensación de impotencia, de incompetencia y de falta de rigor en quienes reclamaban a los jueces mayores conocimientos sin preguntarse, claro está, por los propios.

El dopaje es una convención introducida en el ámbito deportivo para asegurar la igualdad de las partes y la ausencia de atajos en la configuración de la propia capacidad deportiva. Su lucha, demasiado centrada en los aspectos represivos, ha eludido los aspectos de investigación y de conocimiento de la realidad y de cuando se produce realmente el aumento de la capacidad física, pero es cierto que la mayor parte de los países han podido establecer marcos de compatibilidad con la reglamentación privada que nuclea la AMA. No se entiende por qué España no. Quizá porque la rápida critica a los demás no fue acompasada con la imaginación o el conocimiento para conseguir el marco adecuado.

El Gobierno debe actuar. Debe asegurar la credibilidad del sistema, debe coadyuvar a que nadie piense que los éxitos deportivos no han sido honradamente conseguidos. Para ello se necesitan técnicos menos dogmáticos y más formados y si eso incluye buscar fórmulas diferenciadas a las actuales y la despublificación de todo o parte del sistema de control, pues a lo mejor es el momento de hacerlo. Los antecedentes previos y la falta de rigor de los actuales dirigentes dejan una huella indeleble en la “fama” del deporte español que no debe verse contaminada por la falta de competencia de quienes lo dirigen.