El problema sigue ahí: abusos y acosos en el deporte español

El informe que han elaborado varias periodistas de El País sobre la situación de los acosos y abusos sexuales y de poder en el deporte español durante los últimos diez años es demoledor. La magnitud del problema y de la responsabilidad es enorme, no solo por el daño infligido en el marco institucional deportivo sino también por la deficiente (¿negligente? ¿dolosa?) respuesta. Empecemos por lo primero: el daño. Se calculan más de mil víctimas, es decir, que cada tres días habría un episodio de acoso o abuso. Detrás de esos números hay una persona –en la mayoría de las ocasiones, en un 82%, un menor de edad–, un daño emocional  que perdura a lo largo del tiempo y que puede, en muchos casos dificultar un desarrollo psicológico normal. Pero es que ese número podría ser mucho mayor, a tenor de que solo un tercio de las organizaciones deportivas consultadas respondió al cuestionario. De hecho las autoras llevan a cabo una estimación más realista a partir del reciente informe realizado por el Defensor del Pueblo, según el cual, la cifra de afectados podría alcanzar una cifra de 116.000 personas. Por otro lado, el informe destaca la transversalidad del problema pues, está extendido a toda la actividad deportiva y no solo, como podría pensarse en el reducido al deporte más popular, el fútbol.

Pero estos datos no deberían sorprender a las autoridades deportivas de este país. No es el primer informe de esta naturaleza que se realiza en España, y mucho menos, en otros países de nuestro entorno cuyos resultados no se apartan excesivamente de los antes mencionados. Tan es así que organizaciones como FIFA y el COI elaboraron ya hace años documentos para prevenir los casos de acosos y abusos en sus respectivos ámbitos de competencia. Por algo sería.

Pero lo más preocupante quizá no sean los números, sino las actitudes y respuestas de los diversos actores del ecosistema deportivo: clubes, federaciones y el Consejo Superior de Deportes. En efecto, en el artículo referenciado se disecciona con precisión el diagnóstico del problema. Así se pueden señalar varios aspectos que muestran la indolencia del sistema deportivo español ante la gravedad del problema. Por un lado, la inacción cuando ocurren los hechos, y lo que probablemente sea peor, la pasividad, cuando se trata de conocer el alcance la la lacra. En efecto,

a)       las (escasas y tardías) medidas de prevención no se han tomado en serio. Aunque las federaciones han exigido que los clubes adopten protocolos de protección y prevención, la situación real, como señala un abogado consultado en el informe, es que “todo se hace por cumplir y recibir la subvención que te dan por ellos, pero no hay una preocupación real”. Hay que recordar, en esta misma línea crítica, que la ley de protección del menor de 2020 obliga a federaciones y clubes a tener protocolos de actuación y un responsable dedicado a esta tarea. Sin embargo, como señala una responsable con más de 10 años de experiencia en instituciones deportivas, “han pasado tres años y muchos clubes y federaciones no tienen delegado de protección”.

b)      ante el conocimiento de los acosos y abusos, la respuesta habitual de las organizaciones deportivas donde tienen lugar no ha sido denunciar, exigir responsabilidades jurídicas o transmitir la información a otros órganos jurídicos, sino que la mayoría de los casos se resuelven y se tapan con (pseudo) soluciones informales: despedir al entrenador o trasladarlo. Este tipo de respuesta supone en muchos casos, trasladar la amenaza a otros clubes como se ha puesto de manifiesto en varios casos.

c)       ante la curiosidad por conocer el alcance del problema la respuesta de la mayoría de organizaciones deportivas ha sido no contestar: de 152 organizaciones deportivas consultadas por el equipo de El País, solo 52 respondieron de forma razonable.

Si ahora vamos al examen de las causas y responsabilidades, todas estas entidades lanzan balones fuera. Así las excusas varían en función del tipo de entidad. Los clubes suelen alegar falta de medios para vigilar y prevenir los acosos, las federaciones que no reciben la información de aquellos hechos y el Consejo Superior de Deportes que tiene únicamente competencias de vigilancia y carece de potestad sancionadora. Sin embargo, el CSD redactó un modelo de protocolo de prevención que debían adoptar las federaciones, pero poco se sabe acerca de su grado de implantación, aplicación o la imposición de sanciones en caso de infracción.

Ahora bien, si no queremos quedarnos en un nivel de análisis superficial como los que han realizado las entidades deportivas mencionadas, habría que señalar otros factores que conducen a esta situación. Por resumir la respuesta, no puede dejar de señalarse la propia estructura del ecosistema deportivo, destacando la opacidad, su notable carácter jerárquico y una cultura organizacional tóxica en la que prima la exoneración de culpas. Pero lo más grave es la falta de voluntad política por cambiar ese escenario. Hace un año hubo una oportunidad a través de la ley del deporte, la cual pudo establecer nuevas competencias para que los poderes públicos y las federaciones mejorasen sus funciones vigilantes o en la fijación de sanciones. Esto dependía en gran medida del CSD. Como ha sucedido con otro ámbitos propios de la integridad y gobernanza deportiva, la atención por la prevención de acosos y abusos no se ha regulado suficientemente ni el texto de la ley y, mucho nos tememos, en el desarrollo reglamentario que ha tenido lugar durante este último año. No sería por falta de información y de llamadas a la responsabilidad en este punto concreto.

Tampoco las federaciones más poderosas han mostrado especial sensibilidad por estas amenazas a la integridad de los deportistas más jóvenes. En las fase de redacción de la norma fueron conocidos los casos de presión para cambiar el contenido de algunos artículos en aras de su beneficio económico o de cuotas de poder. Ninguno que tuviera que ver con incrementar las medidas de protección y de prevención o que supusieran la formación educativa en esta materia de los propios deportistas, entrenadores y otros profesionales del deporte. Lo mismo cabe señalar de los propios clubes, en especial, de los más poderosos. Pero afortunadamente, hay alguna excepción. El FC Barcelona ha publicado recientemente un informe (Sistema de Protección de la Infancia) sobre los casos de abusos que ha conocido durante el último año. Este es un paso muy positivo que debería servir de ejemplo para el resto de clubes. No se puede reaccionar si no se admite que hay un problema. Y mucho menos se puede alardear de que todo está bien porque no se ha producido ninguna denuncia o caso. Como decía Groucho Marx, si quieres saber si alguien es corrupto, pregúntale. Y si contesta negativamente, ahí lo tienes.