La Audiencia archiva la causa contra Miguel Ángel Ramírez por Seguridad Integral

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha descartado que Miguel Ángel Ramírez actuara como “administrador de hecho” de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), después de que, en 2011, Héctor de Armas fuese designado administrador único de dicha sociedad, una noticia adelantada por TIEMPO DE CANARIAS.

Por ello, ha ordenado el archivo de las actuaciones contra el empresario por las posibles irregularidades cometidas en el pago de horas extraordinarias e indemnizaciones por despido en la empresa Seguridad Integral Canaria entre los años 2014 y 2016.

En un auto, contra el que no cabe recurso, al que ha tenido acceso IUSPORT, la Audiencia revoca parcialmente dos autos dictados en diciembre de 2021 y noviembre de 2022 por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria en los que se ordenaba la apertura de procedimiento abreviado contra Miguel Ángel Ramírez –junto al administrador único de SIC, Héctor de Armas–, como presuntos responsables de un delito de fraude fiscal en el pago de dietas e indemnizaciones por despidos a los trabajadores de la empresa de seguridad.

A juicio de los magistrados, la apertura de esta fase de la instrucción “se ha apoyado en escasos mimbres (léase indicios de criminalidad)”, al basarse casi exclusivamente en la declaración de Héctor de Armas –también investigado en la causa y que afirmó que el verdadero administrador de SIC era Ramírez y no él–, sin que sus manifestaciones –en las que, a diferencia de un testigo, no estaba obligado a relatar la verdad– fueran corroboradas “por otros indicios”.

“Esta Sala –señala el auto, del que es ponente el magistrado Carlos Vielba–, no encuentra razones para entender que el recurrente, una vez designado el Sr. de Armas como administrador único de SIC, pueda ser considerado administrador de hecho de la misma”.

Según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), tesis a la que se sumó la Fiscalía, existían “razones para entender que el administrador único de la entidad es D. Miguel Ángel Ramírez Alonso”, debido, entre otros motivos, a que era “el propietario” de la empresa (ostentaba un 96,83 % de las participaciones en la sociedad), “apoderado solidario de la misma y principal ejecutivo de dirección responsable de las relaciones externas de inversión y captación de clientes”, así como a que había aprobado las cuentas anuales de la sociedad.

A ello sumaban la declaración de Héctor de Armas, en la que declinaba tener cualquier responsabilidad en la gestión de la empresa a pesar del cargo que ostentaba, alegando que todas las decisiones las tomaba Miguel Ángel Ramírez.

Sin embargo, el contundente auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas desmonta todas estas afirmaciones, al mostrar que no se sustentan en una labor probatoria suficiente, algo que llega a reprochar al juez instructor al recordarle su deber de “valorar las diligencias de investigación evitando que lleguen a juicio oral acusaciones débiles o infundadas y la persona imputada se vea sometida a un juicio sustentado en mínimos o escasísimos indicios de la comisión del delito que se le imputa”.