El juez del caso Negreira ve delito aunque el dinero no haya llegado a los árbitros

El juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, señala que, aunque finalmente la investigación no consiga acreditar la existencia de pagos a “árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos”, las entregas de dinero del Barça a Enríquez Negreira podrían constituir pese a todo un delito de corrupción deportiva.

Según avanza El País, el magistrado anuncia que en “otro auto que se dictará próximamente” planteará la posibilidad de introducir un nuevo delito para calificar penalmente la conducta del FC Barcelona.

No obstante, las últimas diligencias ordenadas por el juez instructor del Caso Negreira buscan recabar testimonios de colegiados que apuntalen la sospecha del magistrado sobre la existencia de una “corrupción sistémica” en el arbitraje del fútbol español.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona apunta que queda “avanzar en la hipótesis relativa a la posible influencia directa o indirecta que Enríquez Negreira pudiera [...] haber ejercido sobre los árbitros de futbol en respuesta a los pagos efectuados por el FC Barcelona”.

El magistrado ha reclamado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el resultado del cuestionario que esta envió por iniciativa propia a los árbitros en activo tras estallar el escándalo en febrero. La federación preguntó entonces a los colegiados, a través del CTA, sobre su relación con Javier Enríquez Romero, hijo del exdirigente arbitral y también imputado en la causa.

La RFEF pedía a los árbitros que señalaran, por un lado, si habían tenido relación con Javier Enríquez, de qué tipo, dónde y si hubo “compensación económica”. Y, por otro, pretendía saber si les había acompañado a los campos de fútbol donde debían arbitrar. En caso afirmativo, pedía que detallaran “los partidos y fechas en las que ello sucedió”.

Siempre según El País, el juez también solicitó a la federación “las circulares y comunicaciones de cualquier tipo” —entre las que cita “correos electrónicos, cartas, mensajes de texto o enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea”, como Whatsapp o Telegram— que el CTA “o cualesquiera otros cargos federativos” intercambiaron con los colegiados tras estallar el escándalo para hablar sobre su relación con el exdirigente arbitral y su hijo. Estas diligencias —que fueron solicitadas por LaLiga, que ejerce la acusación— son consideradas por el magistrado “no sólo pertinentes, útiles y necesarias sino además de gran importancia para la investigación de los hechos”.

En otro auto de la misma fecha, el juez Aguirre desvela que, a raíz de las declaraciones que varios árbitros retirados habían hecho en prensa sobre supuestas irregularidades en el sistema de designación de los árbitros para los encuentros, había encargado una diligencia para recabar testimonios. En concreto, el magistrado aseguraba haber pedido a la Guardia Civil que confirmase “la veracidad de estas sospechas” vertidas por los colegiados, en la que se aseguraba que colegiados sin el nivel técnico necesario accedieran a arbitrar encuentros internaciones de fútbol y, de este modo, “al cobro de más dinero anualmente”.