El doble olvido de la gobernanza en la ley (y desarrollo) del deporte

El buen gobierno es posiblemente el tema de moda en lo que concierne a la gestión de las organizaciones deportivas.

Un examen a cualquier manual de derecho deportivo de hace 20 años revelaría la ausencia en su índice de la gobernanza ética de las organizaciones deportivas pues no constituía un asunto que se considerara importante, pero hoy día, dicho tema formaría parte de la lista de materias propias que el derecho deportivo ineludiblemente debe atender.

La ley del deporte aprobada a finales del año pasado recoge también esa preocupación, pero una forma parcial y deficiente. Parcial por cuanto: a) aborda estas políticas solo enfocándolas a las federaciones; b) incluye solo algunas de los principios y medidas que suelen predicarse del buen gobierno; c) por decantarse por un control económico de las federaciones olvidándose de otras aristas de la gobernanza. Y es deficiente, por cuanto al margen de problemas de técnica legislativa, no prevé reacciones firmes y contundentes a los posibles incumplimientos de las previsiones contenidas en los escasos artículos donde se recoge.

El olvido o despreocupación por las cuestiones de la gobernanza no es inocuo. El mundo del deporte requiere solucionar muchos y diversos problemas, pero uno de los más urgentes tiene que ver con la gestión acorde con principios de eficiencia y de buen gobierno.

En efecto, el ecosistema deportivo como fenómeno social de primer orden es objeto de promoción por los poderes públicos porque no solo concita el interés de millones de personas sino también por su impacto económico, por su valor educativo y por su conexión con la salud. Que está amenazado por factores externos como los nuevos hábitos de entretenimiento es algo bien conocido.

Pero también lo es que hay factores endógenos que contribuyen a su depreciación en el inconsciente colectivo provocando cada vez un mayor grado de desafección social. Los casos de dopaje, corrupción, discriminación, acosos y abusos, violencia endógena y exógena o de racismo no dejan de golpear la reputación del deporte, esto es, de los clubes y de las federaciones deportivas como ejes principales de ese ecosistema.

Que haya audiencias millonarias en varias expresiones del deporte profesional no esconde las dificultades que atraviesan la mayoría de federaciones y clubes para subsistir.

Otros países de nuestro entorno han decidido no quedarse pasivos ante estas amenazas y han adoptado medidas legislativas concretas, así como también han creado organismos encargados de velar por los principios éticos del deporte.

No es el caso de España, donde los poderes públicos alegan falta de competencia o problemas de incardinación administrativa para desarrollar organismos de esa naturaleza, aunque tampoco impulsan su creación por parte de la sociedad civil. Lo cierto es que cuando han tenido la oportunidad de introducir cambios legales como ha ocurrido con la reciente Ley del Deporte, no ha habido voluntad política. Y cuando deciden en colaboración de expertos analizar el futuro desarrollo reglamentario vuelven a manifestar esa despreocupación, al dejar de incluir este tema entre los ámbitos que merecen una atención específica.

No deja de ser curioso cuando el tema de la gobernanza no solo solo ocupa un apartado de la ley sino que también despliega su naturaleza transversal a lo largo de ella. Queda muy bien hacer declaraciones en los medios de comunicación en pos de la gobernanza, pero después no hacer apenas nada para su implementación. 

Tomarse en serio la gobernanza implica algo que no es del agrado para quienes tienen las riendas del deporte y han estado acostumbrado a manejarlo sin apenas límites. Para decirlo con las palabras que dirigió al presidente de una entidad alguien que se ocupó de la integridad en ella: “seré tu mosca coj***”. Pero solo se ocupó por poco tiempo, el que tardó en comprobar que las proclamas electorales en favor de la gobernanza acababan cuando se trataba de controlar su propia gestión. 

Estas reacciones, aunque no se puedan justificar, pueden llegar a entenderse en el marco de organizaciones que históricamente se han autorregulado y cuyos dirigentes han estado acostumbrados a ejercer el poder sin atenerse a principios básicos del buen gobierno como la transparencia, la rendición de cuentas, la limitación de mandatos, el conflicto de intereses o estar sometidos a la vigilancia de órganos independientes.

Pero se entiende menos cuando se pone el foco en quien tiene el poder de control y el supuesto conocimiento experto para desarrollar principios y mecanismos que hagan posible una gestión ética del deporte.