Podemos impugna ante el Tribunal Administrativo el pliego del nuevo Romareda

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha formalizado este martes ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) una petición para que determine si legalmente es válido o no el pliego de la nueva Romareda en relación con el uso del derecho de superficie como fórmula para contratar la construcción y la explotación del nuevo estadio de fútbol.

Una petición que se basa, según el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, en la prohibición de incluir en un contrato privado, como sería el derecho de superficie, prestaciones que serían propias de un contrato administrativo (obras, servicio o gestión de obra) cuando su valor estimado es superior al 50 % del importe total de negocio, como establece el artículo 9.2 de la Ley de Contratos.

En ese aspecto, ha destacado que dado que el derecho de superficie que fijó el Ayuntamiento es de 30,8 millones y el valor de la construcción del campo de fútbol de 139 millones, "se excede por mucho ese 50 %" y no podría tramitarse como derecho de superficie, sino que debía haberse hecho un contrato administrativo.

Además, para Podemos, este contrato es en realidad de concesión de obra al darse todos los elementos que exige la ley, como son la construcción de un equipamiento, su explotación posterior y que el adjudicatario asuma el riesgo de la operación.

"Esto es especialmente relevante", ha remarcado Rivarés, porque implicaría que el gobierno de Jorge Azcón "habría optado por una figura aparentemente de derecho privado con el fin de saltarse los plazos legales y ampliando el máximo de 40 años a 75 con la única finalidad de que el adjudicatario obtenga un rendimiento económico mayor que el que permite la ley".

En su opinión, de ser así el Gobierno de Zaragoza "habría retorcido la norma haciéndole perder a la ciudad de Zaragoza los ingresos de explotación del campo durante 35 años", que según el estudio de viabilidad del Real Zaragoza, se estima en 514,5 millones.

En todo caso, ha destacado que la "responsabilidad" de Podemos al no reclamar medidas cautelares que hubieran paralizado el concurso e imposibilitado la entrega de la documentación requerida por la Federación de Fútbol para la candidatura del Mundial de 2030, algo que contrasta, ha dicho, con la "irresponsabilidad" de Azcón y del consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, que hace siete meses no quisieron convocar un concurso público para elaborar el anteproyecto de campo, que es lo reclama la Federación para antes del 12 de mayo.

"Si hubiesen hecho correctamente su trabajo hace 7 meses, hoy podríamos cumplir sin problemas con la Federación, pero no quisieron" y lo que van a hacer, ha aseverado, es "la chapuza de presentarnos al Mundial con algo que no solo no ha hecho la ciudad, sino que puede ser o no el proyecto de futuro estadio, algo sobre lo que la ciudad no puede pronunciarse de forma legal".

En ese contexto, ha advertido de que el hecho de que alguno de los componentes del órgano de contratación ya haya accedido a documentación que debe presentarse en sobre cerrado a un concurso público convocado "es de las cosas más irregulares que han pasado en este Ayuntamiento durante los últimos años".

Según Rivarés, la decisión de su grupo de acudir al TACPA pone "coto" a que un tercero acuda en un futuro a los juzgados solicitando la nulidad del concurso, que es lo que pondría en peligro los plazos de inicio de las obras como mínimo hasta 2025 y la candidatura del Mundial, y permite que todo quede resuelto, previsiblemente, antes de que acabe el plazo de prestación de ofertas, por lo que "es la única manera de asegurar la legalidad de la operación sin paralizar absolutamente nada".

Ha reiterado que su grupo no va a judicializar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, al entender que son cuestiones formales fáciles de subsanar, pero ha insistido en que los pliegos "sí parece que se han hecho prescindiendo del procedimiento correcto" y una operación de esta magnitud "no puede tener ninguna duda de legalidad".

Rivarés ha defendido que si el TACPA les de la razón y descarta el derecho de superficie como fórmula legal para hacer el estadio, la constitución por la que ha apostado su grupo de una sociedad mixta para hacer el campo y la ciudad del deporte bajo el mismo proyecto "será el único plan b que tenga el Gobierno de la ciudad".

En ese sentido, ha avanzado que en caso de formar parte del próximo gobierno de Zaragoza, independientemente de lo que diga el TACPA, convocará el concurso público para crear una empresa mixta al asegurar que es "la única manera de involucrar al Gobierno de Aragón y de construir la ciudad del deporte" sin que a la ciudadanía "le cueste nada".

Para Rivarés, Azcón es el responsable de que se haya llegado a esta situación al renunciar a un gran pacto y poner en peligro la construcción del estadio y la candidatura del Mundial 2030 por una utilización del estadio "exclusivamente electoral".