Lo que no ha explicado el Sr. Franco es por qué las CCAA, todas, incluidas tres que han reformado ahora sus leyes del deporte, siguen apostando por la justicia deportiva pública y gratuita, caminando en sentido opuesto a la línea marcada por el CSD.
Se cumplen dos años desde el nombramiento de José Manuel Franco como presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) por parte del Consejo de Ministros.
En una nota remitida a los medios, Franco afirma que “Este Gobierno está sentando las bases de la modernización del deporte español y lo está haciendo, por un lado, a través de una inversión económica sin precedentes, apoyada tanto en los presupuestos del CSD como en los fondos europeos; y, por otro, a través de una ambiciosa renovación legislativa para adaptar el sector deportivo al siglo XXI”.
Estos avances, explica el secretario de Estado para el Deporte, han sido siempre “fruto del diálogo, del debate constructivo y de la colaboración entre los diferentes agentes implicados, que van desde las Federaciones y organizaciones deportivas hasta los gobiernos autonómicos y los grupos parlamentarios”.
Lamentamos tener que desmentir al presidente del CSD. Con respecto a la inversión económica, han sido los ingentes fondos europeos los que han servido al Gobierno español para incrementar las dotaciones presupuestarias en general, no solo las destinadas al deporte.
En segundo lugar, llama "ambiciosa renovación legislativa para adaptar el sector deportivo al siglo XXI” a una auténtica privatización del deporte de competición, que deja en manos de las federaciones sin el control público que ejercía el Estado hasta ahora, y, para culminar su ambicioso proyecto, privatiza también la justicia deportiva en las competiciones estatales.
Lo que no ha explicado el Sr. Franco es por qué las CCAA, todas, incluidas tres que han reformado ahora sus leyes del deporte, siguen apostando por la justicia deportiva pública y gratuita, caminando en sentido opuesto a la línea marcada por el CSD.
Por último, en cuanto al diálogo del que presume, conviene recordar que la nueva ley del deporte se aprobó por escasos nueve votos y que todas las asociaciones y sindicatos de jugadores reclamaron por escrito, sin éxito, que se mantuviera la disciplina deportiva pública y al TAD, como ha ocurrido en España desde 1990.
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