Los detenidos de la Federación de Boxeo Balear, acusados de múltiples delitos

El presidente de la Federación de Boxeo en Baleares, Jorge Sánchez, su padre y actual vicepresidente, Manuel Sánchez, y una tercera persona detenida, han sido acusadas de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular, y otros delitos, ha informado la Policía Nacional este jueves

También se les imputan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafas, corrupción en los negocios, fraude electoral y otros conexos como coacciones y amenazas.

Los detenidos contrataban a deportistas en otros países, que llegaban a España como turistas y eran después llevados a peleas por Europa por las que por cada una los tres detenidos se embolsaban de 3.000 a 5.000 euros.

Además de las tres personas detenidas en Palma, una de ellas en la federación y dos en sus respectivos domicilios, también la Policía Nacional investiga a otras dos personas por su presunta participación y no descarta más detenciones relacionadas con el caso.

La investigación arrancó a raíz de la información facilitada a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales por una federación deportiva, así como por parte de varios deportistas y personas relacionadas con el mundo del boxeo.

A raíz de las denuncias, el 25 de febrero de este año, la UCRIF estableció un dispositivo policial en torno a una prueba deportiva que se realizaba en un municipio de Mallorca, y una vez realizadas comprobaciones se levantaron actas administrativas al constatar que incumplían las medidas de seguridad establecidas reglamentariamente, motivo por el que en consenso con los árbitros y responsables de la organización se decidió suspender la actividad.

La Policía Nacional ha explicado que tras las primeras pesquisas se demostró que uno de los detenidos, presuntamente, contrataba a deportistas puntualmente de terceros países en especial de Nicaragua, a quienes pagaba el viaje para entrar como turistas en Mallorca y permanecer en situación irregular en España, proporcionándo alojamiento y por tanto no deberían estar federados.

Posteriormente, organizaba pruebas deportivas por Europa, sobre todo en el Reino Unido, por las que los detenidos, supuestamente, recibían de 3000 a 5000 euros por prueba, y de estas cantidades entregaban a los deportistas 1200 euros, a los que luego restaban los gastos derivados de su manutención en Mallorca.

Según se desprende de la investigación realizada por la UCRIF, se han detectado numerosas falsificaciones en los documentos presentados para recibir subvenciones del Gobierno Balear y del Consell de Mallorca, y también constatado que numerosos eventos subvencionados no se habrían realizado y en casos no se destinaban para los fines argumentados.

También el equipo policial a cargo del caso, ha comprobado que la documentación contable aportada por la Federación de Boxeo a la Dirección General de Deportes del gobierno de Baleares, había sido falsificada.

De acuerdo a declaraciones testificales de deportistas y árbitros a los agentes de la UCRIF, estos miembros de la federación, presuntamente, podrían haber alterado de manera deliberada y fraudulenta el resultado de las numerosas pruebas, y relatado que si los púgiles estaban en desacuerdo con sus directrices, debían renunciar a las dietas y costes del desplazamiento, o bien no eran convocados para realizar peleas.

Además, y según ha señalado la Policía Nacional en una nota, se ha comprobado que los detenidos, presuntamente, habrían falsificado el proceso electoral para la elección a los cargos de la federación.