
Se trata del Real Decreto 190/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana, publicado en el BOE del día 22 de este mes.
No es la primera vez que este Gobierno usa un decreto o un decreto-ley para, de rondón, modificar otra norma que nada tiene que ver con el objeto de aquel.
El problema es que ya no dispone el Gobierno del pretexto de la pandemia, y resulta inadmisible que siga con una práctica que, por indecorosa (y algo más), ha dado lugar a varios tirones de orejas por parte del Tribunal Constitucional.
Pues bien, eso es lo que ha vuelto a hacer este Gobierno el pasado martes con un decreto que, dirigido a aprobar los estatutos de una fundación sobre la cultura gitana, introduce una disposición final sobre la Agencia antidopaje, antes llamada AEPSAD y ahora CELAD.
Se trata del Real Decreto 190/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana, publicado en el BOE del día 22 de este mes.
Este es el articulado completo del nuevo decreto:
"Artículo único. Aprobación de los Estatutos de la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana.
Se aprueban los Estatutos de la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 908/2022, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y por el que se modifican el Estatuto del Consejo Superior de Deportes, aprobado por el Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, y el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril.
La disposición transitoria primera del Real Decreto 908/2022, de 25 de octubre, queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de gestión presupuestaria.
Los gastos derivados de las funciones y competencias que en aplicación del Real decreto 908/2022, de 25 de octubre, se traspasan al Consejo Superior de Deportes y al Instituto de Salud Carlos III seguirán imputándose al presupuesto de la CELAD en tanto en cuanto no se hayan aprobado mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado unos presupuestos de dichas entidades adaptados a la estructura que se regula o con arreglo a esta estructura hayan sido debidamente modificados.»


















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