La Audiencia Nacional ordena imputar al exjefe de los árbitros Sánchez Arminio

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez que investiga a la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que cite a declarar en calidad de imputados a los anteriores responsables del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre ellos el expresidente Victoriano Sánchez Arminio, por el presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros.

En un auto, el tribunal estima el recurso interpuesto por la Liga Nacional de Fútbol Profesional en el marco de la Operación Soule e insta al juez Alejandro Abascal a que tome declaración asimismo al ex secretario general de la CTA Raúl Massó y al propio expresidente de la RFEF Ángel María Villar, que ya estaba investigado en este procedimiento.

 

LaLiga viene manteniendo desde hace tiempo que, «sin su conocimiento» ni su «consentimiento», la Federación -en la etapa de Ángel María Villar como presidente- destinó parte de fondos finalistas «al beneficio de terceros y de la propia RFEF» en lugar de reintegrarle los remanentes que se fueron generando en dicho periodo. Sólo le devolvieron el dinero no gastado en dos temporadas: 861.395,08 euros en la 2018/2019 y 910.879,90 euros en la 2019/2020.

En un informe pericial aportado a caso Soule, la acusación de LaLiga cifró en al menos 8.071.240 euros los fondos que se habrían desviado de su finalidad -viajes, alojamientos, dietas y suplidos del colectivo arbitral y, desde 2014, acciones de formación- para sufragar gastos no previstos en los convenios de coordinación firmados entre las dos partes como desplazamientos y estancias de la junta directiva del CTA, trajes para los árbitros de Segunda División A y B, el mantenimiento de intercomunicadores, el abono de honorarios de un coach profesional, la manutención de la mujer e hija de un directivo arbitral, comidas y cenas atribuidas al fútbol playa, y hasta las costas de un procedimiento judicial.

"DESFASE CONTABLE" DE 7,9 MILLONES DE EUROS

La Audiencia Nacional sostiene en su auto que hay "méritos suficientes" como para llamar a declarar como investigados a quien presidiese el Comité Técnico de Árbitros entre 1993 y 2019, y también integrase la comisión arbitral; al ex secretario técnico del CTA y al propio Villar, que no ha sido interrogado como imputado por estos hechos.

También la Fiscalía, que apoyó el recurso de La Liga contra el rechazo del juez a citarles, hacía referencia a la "presunta desviación de fondos aportados por la LNFP a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos".

Según indicaba, los informes periciales revelan que "las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos" y dicha diferencia no está "justificada".

Y consideraba que, de lo instruido, se desprenden indicios de que en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos habrían intervenido tanto el presidente como el secretario técnico del CTA, recuerda el auto.

Ese "desfase contable", dice el tribunal, forma parte de los indicios que se obtuvieron precisamente de la declaración como testigo de Sánchez Arminio y Masso.

Dicha declaración y la constatación de que la investigación esta prácticamente finalizada fueron los argumentos del juez para rechazar imputarles, si bien el tribunal los rechaza porque, dice, eso no es "óbice" para cambiar ahora su condición procesal.

Además, subraya, lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de una posible responsabilidad penal en la actuación de los imputados.

Al margen de esta decisión, el juez ordenó ayer lunes una serie de diligencias para conocer los pagos de la RFEF entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira.