Iceta dice que está preocupado pero no pide perdón por privatizar el deporte

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, aseguró este martes que desde el Gobierno están preocupados por el caso Negreira y admitió que "de confirmarse estos hechos son muy graves".

"Como Gobierno estamos preocupados por esta situación, y sobre todo lo que queremos es apoyar la postura que ha defendido desde el primer momento la Federación Española de Fútbol, máxima transparencia, respeto a la actuación judicial y si corresponde en cualquier momento personarse en el propio procedimiento judicial si la fiscalía establece realmente un caso que requiera de nuestra actuación", dijo sobre los pagos del Barcelona a una empresa José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta 2018.

Iceta hizo estas declaraciones a los medios tras suscribir junto a la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, y el presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora, el acuerdo que formaliza la presencia de España como País Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, en la sede del Ministerio.

"De confirmarse estos hechos son muy graves y perjudican al conjunto del fútbol y del deporte español y por lo tanto ahí vamos a estar los organismos federativos y los del gobierno en defensa del buen nombre de los deportistas españoles", señaló. 

Nada dijo sobre la nueva ley del deporte

Tras mostrar su preocupación por lo sucedido y aludir a la RFEF, como si en sus manos estuviera la solución, cuando es obvio que es parte del problema (no nos referimos a la directiva de Rubiales porque los hechos son anteriores), toda vez que el CTA al que pertenecía Negreira es un órgano de la Federación, el Ministro se abstuvo de pedir perdón a todos los españoles por haber promovido una nueva ley que privatizó el deporte en base a una supuesta madurez de las federaciones.

Asi lo dice el preámbulo de la ley tal y como salió del Consejo de Ministros tras el acuerdo de PSOE y UP: "Afortunadamente, el modelo federativo español vive un momento de suficiente madurez que permite que el Estado no tenga que tutelar algunas de sus actividades más esenciales como venía sucediendo hasta la fecha. Sirve como ejemplo la autorización por el Consejo Superior de Deportes de los gastos plurianuales de las federaciones deportivas españolas. Con ello, se dota a las federaciones de un mayor grado de autonomía en su organización interna y en el cumplimiento de su objeto esencial, reduciendo las funciones que ejercen por delegación del Estado".

A la vista del tamaño de esta crisis, ¿cree alguien que realmente las federaciones han madurado como para dejarlas a su libre albedrío sin control del Estado?.

Durante meses alertamos desde IUSPORT que estábamos ante una ley privatizadora, que rompía con un modelo vigente desde los años noventa del pasado siglo, sin justificación y sin que existiese una petición al respecto, salvo de una federación en concreto y del "hermano" de su presidente.

Tampoco aumentaron la prescripción

No sólo eso, el Gobierno del PSOE y UP, al enviar al Parlamento el proyecto de ley, se 'olvidó' de aumentar el plazo de prescripción de las infracciones muy graves, como es el caso de corrupción de Enríquez Negreira, y se limitó a aplicar una ligera subida al plazo de prescripción de las infracciones graves y leves.

La Ley del Deporte de 1990 establecía un plazo de 3 años para la prescripción de las infracciones muy graves, un año para las graves y un mes para las leves.

La nueva ley del deporte, la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, en su artículo 112, mantiene los 3 años para la prescripción de las muy graves y se limita a aumentar a 2 años el de las graves y a 6 meses el de las leves.

Como ya dijimos en IUSPORT, el Gobierno ha obrado así aún sabiendo que la FIFA ha establecido para estos casos 10 años de prescripción y la UEFA no ha fijado plazo alguno de prescripción. A pesar de ello, en España la prescripción es de 3 años. Así lo acordó un gobierno del PSOE en 1990 y así lo ha ratificado otro gobierno del PSOE en 2022.

Pero no se quedan ahí los desvaríos del Gobierno de Pedro Sánchez en el deporte. Resulta que justo un año antes, en diciembre de 2021, se aprobó otra ley a propuesta del Gobierno, la Ley Antidopaje, la cual establece un plazo de prescripción para las infracciones por dopaje de hasta 10 años, frente a los 3 años para las infracciones de corrupción.

Dice el artículo 33 de la Ley antidopaje:

"1. Las infracciones definidas en el artículo 20 de la presente ley prescribirán a los diez años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.

3. Las sanciones de multa prescribirán a los cinco años.

4. Las sanciones de suspensión de licencia, inhabilitación o privación de derechos prescribirán a los cinco años.

..."

Es decir, según la escala de valores del Gobierno y de los parlamentarios que votaron las dos leyes, la ley antidopaje y la del deporte, es más grave doparse para competir que amañar un partido o cualquier otro tipo de corrupción deportiva en sus distintas variantes. Es obvio que, como mínimo, deberían estar a la par y por arriba, no por abajo.

Pues bien, como ocurriera con las infracciones graves y leves, el Gobierno, al aprobar el proyecto de la nueva ley del deporte y mantener los tres años para las infracciones muy graves era plenamente consciente de lo que hacía pues hace solo un año acordó subir a 10 años la prescripción en materia de dopaje, lo cual le deja sin argumentos para justificar por qué ha mantenido 3 para la corrupción.