Terreros o cómo intentar servir al interés general desde el desánimo

El director de la agencia española antidopaje (CELAD), José Luis Terreros, ha emprendido lo que podríamos identificar como una carrera por ser uno de los dirigentes públicos que más descalifican la formación de los jueces hasta el punto – como D. Quijote- de estar desilusionado en la lucha contra los molinos de viento.

En pura coherencia con el estatus constitucional de un dirigente del sector público, lo que debe hacer un directivo cuando no se siente capaz de luchar contra los inconvenientes de la vida social es retirarse.

No se puede servir al interés general desde el desánimo porque al hacerlo se defrauda la confianza política que los ciudadanos ponen en las personas que desarrollan una función pública. La honestidad profesional está en el fondo del desarrollo del empleo público y no es muy sencillo mantenerla en este estado de desanimo.

La pregunta es sencilla: ¿qué le desanima? La falta de preparación de los jueces y magistrados que no entienden ni las leyes ni las reglas ni los comportamientos. Cabe preguntarse: ¿y si lo entienden y, simplemente, tienen otro criterio?

La postura del director de la Agencia tiende a convertir los jueces y tribunales en un algoritmo aplicativo sin capacidad de considerar que el aplicador de la norma tenga otro criterio, tenga otra visión o, simplemente, considere que la norma aplicada armónicamente con el resto del ordenamiento jurídico produce efectos diferentes al mimetismo que parece reclamar el directivo público tan empeñado en la formación de los jueces, sin mostrar la propia en desvanecer los argumentos de los tribunales de justicia.

De la reciente sentencia de la Audiencia Nacional se puede discrepar, pero hay una línea en ella que enlaza directamente con los principios esenciales del derecho sancionador. Es la que la Sala dice que en el derecho español no cabe la sanción por aproximación. Que es obligación de los instrumentos de incriminación hacer algo más que una aproximación y que se deben aportar indicios concretos y referidos a una sustancia que esté considerada como tal.

Esta reflexión puede parecerle al director de la Agencia fruto de la ignorancia de los jueces. Es legítimo, aunque no sabemos si lo es la pública admonición de un directivo público al conocimiento de los jueces. Discrepar no es la vinculación directa con la causa: su ignorancia. Puede ser, en un estado de derecho, que no sea ignorancia sino discrepancia jurídica sobre la forma de aplicar una norma.

El problema es que el marco constitucional no atribuye al Director de la Agencia el control de los actos sino a los jueces y tribunales. Cada uno tiene su papel y la democracia consiste, precisamente, en reconocer las reglas de juego sin que la crítica se funde en la ignorancia necesariamente sino únicamente en una visión diferente de una cuestión jurídica.

En todo caso, la imposibilidad de sanciones por aproximación es algo que ha remarcado la jurisprudencia constitucional, la del Tribunal Supremo y, en general, la del mundo del Derecho. La falta de prueba, la aproximación no son elementos que nucleen la culpabilidad en un Estado de Derecho.

A partir de aquí solo queda solicitar que los dirigentes públicos sean conscientes de su labor, de su relevancia social, de la obligación constitucional de realizar su función conforme al Estado en el que estamos, esto es, en el Estado de Derecho, admitiendo que la función de control corresponde a un poder judicial independiente y libre.

Ignorar que la independencia, la libertad y la responsabilidad es un atributo esencial del Poder Judicial es retrotraernos a una caverna en la que la mayor parte de la sociedad no quiere vivir.

Aplicar las leyes de manera diferente a lo que piensa o quiere un directivo público, designado por un vínculo de confianza política, es parte de un sistema de garantias que cuando no se acepta genera desilusión. La desilusión de los que han quedado fuera del marco de convivencia social.