El PSOE balear se desmarca del CSD y mantiene la justicia pública en la nueva ley

Para aquellos que aún piensan que en IUSPORT mantenemos una cruzada contra la nueva ley del deporte sin argumentos, resulta que, de ser verdad, que no lo es, no somos los únicos.

Ya son dos las comunidades autónomas, la de Asturias hace un año y la de Baleares ahora, las dos presididas por el PSOE, las que, conociendo los nuevos y disparatados derroteros de la ley estatal, se han desmarcado totalmente de la misma y en sus nuevas leyes autonómicas han mantenido el modelo de justicia público y gratuito de siempre, pensando, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, en seguir dando amparo desde el poder público a los deportistas frente a las potenciales arbitrariedades de las federaciones.

En julio de 2022 se publicó en el BOE la nueva Ley del Deporte de Asturias. Esta ley, propuesta por un gobierno presidido por Adrián Barbón, también del PSOE, se apartaba radicalmente del entonces proyecto de nueva ley estatal propuesto por otro gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, y no sólo mantuvo el modelo de justicia deportiva pública y gratuita, sino que potenció su tribunal administrativo del deporte, allí denominado Comité Asturiano de Justicia Deportiva.

Pues bien, hace escasos días, el Parlament de las Islas Baleares, a propuesta de otro gobierno presidido por el PSOE, con Francina Armengol al frente, se aparta igualmente de la línea seguida por el gobierno de Sánchez, aprobando una nueva ley del deporte (‘Ley de actividad física y el deporte’), en la que, fiel al modelo semipúblico vigente en España desde hace más de 30 años, apuesta de nuevo por la justicia deportiva pública y gratuita, lo contrario de lo aprobado por la nueva ley estatal, que impide a los clubes y deportistas acudir al TAD cuando sean sancionados y les obliga a acudir a un tribunal arbitral privado (sin garantías) y de pago, así como a la justicia ordinaria, no útil para el deporte, por lenta, y también de pago.

La nueva ley de Baleares mantiene intactas las competencias de su "TAD" en materia disciplinaria, a diferencia de la ley estatal, en estos términos:

"Artículo 176
Concepto y naturaleza

1. El Tribunal Balear del Deporte es el órgano supremo jurisdiccional deportivo en los ámbitos disciplinario, organizativo y de competición, y electoral en las Illes Balears, y decide, en última instancia en vía administrativa, sobre las cuestiones electorales, competitivas y disciplinarias deportivas de su competencia establecidas en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen. Asimismo, asume las funciones de mediación y arbitraje en la materia deportiva.

Está adscrito orgánicamente a la consejería competente en materia de deportes del Gobierno de las Illes Balears, que le presta el apoyo material, de personal y presupuestario, y actúa con total autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones que se le encomiendan.

2. Los acuerdos del Tribunal Balear del Deporte agotan la vía administrativa y, en contra, se podrá interponer recurso ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los acuerdos se ejecutarán en primera instancia a través de la federación deportiva correspondiente, que será responsable de su efectivo cumplimiento.

3. Al Tribunal Balear del Deporte le será de aplicación la normativa sobre órganos colegiados prevista en la legislación vigente".