En el caso Osasuna, no solo se ha declarado consumado el delito de amaño, sino que han sido condenados dos jugadores, algo que no había acaecido hasta ahora.
El Tribunal Supremo ha condenado a los 9 acusados del denominado "Caso Osasuna" por los delitos de apropiación indebida agravada, de falsedad y por corrupción deportiva, aunque con una ligera rebaja de las penas al estimar parcialmente el recurso de los condenados, a quienes se impone entre 10 meses y 5 años y 7 meses de prisión.
El Supremo confirma que el presidente, dos directivos y el gerente de Osasuna se pusieron de acuerdo con dos futbolistas del Real Betis con influencia en el vestuario para pagarles 650.000 euros para que ganaran al Valladolid (que luchaba por la permanencia en la categoría como Osasuna), y perdieran frente al club navarro.
La Sala Penal del Tribunal Supremo mantiene las penas por el delito de apropiación indebida agravada que impuso la Audiencia de Navarra, aunque estima parcialmente el recurso de los condenados por lo que reduce ligeramente las correspondientes a las penas por delito de falsedad (al establecer que los condenados por este delito sólo pueden ser sancionados por un delito y no por dos en concurso como apreció la Audiencia) y por corrupción deportiva, así como las correspondientes multas.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, las penas quedan de la siguiente manera:
- A Ángel María Vizcay Ventura (exgerente del club): 5 años y 7 meses de prisión, y multa de 221.700 euros, por delitos de apropiación indebida agravada, falsedad y corrupción deportiva. La Audiencia le condenó a 8 años y 8 meses de prisión.
- A Miguel Ángel Archanco (expresidente): 5 años y 6 meses de prisión y 418.000 euros de multa, por los mismos delitos que el anterior. La Audiencia le condenó a 6 años y 8 meses de prisión.
- A Juan Antonio Pascual Leache (exvicepresidente): 4 años y 10 meses de prisión y multa de 413.500 euros por los mismos delitos. La Audiencia le condenó a 5 años y 6 meses de prisión.
- Jesús Peralta García (exdirectivo): 5 años de prisión y multa de 418.000 euros por los mismos delitos que los anteriores. La Audiencia le condenó a 6 años y 8 meses de prisión.
- Sancho Bandrés (tesorero) : 4 años de prisión y multa de 18.000 euros por delitos de apropiación indebida y falsedad. La Audiencia le condenó a 5 años y 6 meses.
- Cristina Valencia y Albert Nolla (inmobiliarios): 6 meses de prisión y multa de 5.400 euros por delito de falsedad a cada uno de ellos. La Audiencia les condenó a 9 meses de prisión a cada uno.
- A Antonio Amaya y Xavier Torres (exfutbolistas, del Betis cuando ocurrieron los hechos): 10 meses de prisión y multa de 400.000 euros a cada uno por delito de corrupción deportiva. La Audiencia les condenó a 1 año de prisión.
En cuanto a las responsabilidades civiles, quedan como las estableció la Audiencia de Navarra, pero se deja sin efecto la indemnización a cargo de Vizcay.
HECHOS PROBADOS
En cuanto a la sentencia, tras ser juzgados por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental, delito contable y corrupción deportiva, los hechos probados narran que de las auditorías y otras pruebas se detectó que se habían extraído de las cuentas del club Osasuna 900.000 euros en la temporada 2012/13.
Cuando se detectó este hecho "se intenta tapar o encubrir" por parte de los encausados y, al no poder conseguirlo, se pusieron de acuerdo y contactaron con dos personas para que firmaran un falso recibí por esta cantidad, "que certificaría el pago para una finalidad imaginaria", lo que aceptaron estas personas bajo la promesa de que se les encargaría la nueva iluminación del estadio de fútbol. Aparte cobraron por ello 30.000 euros.
En la siguiente temporada ocurrió lo mismo pero con la suma de 1,4 millones de euros, que se camuflaron bajo el pago de recibos a una sociedad portuguesa que trabajó en el pasado para el Club, y que en esta ocasión no respondían a ninguna finalidad, "simplemente es una tapadera del descubierto contable aparecido en las auditorías".
También ocurrió lo mismo con un préstamo que se pidió a un aficionado por 600.000 euros, que terminó devolviendo el club de fútbol Osasuna, sin que se haya probado el destino de tal inversión en cualquiera de los objetivos y finalidades lícitas del Club.
La segunda parte de la sentencia recurrida está referida a la corrupción deportiva, aspecto éste que está relacionado con la situación que atravesaba el equipo de fútbol en la tabla clasificatoria, de modo que se encuentra en grave riesgo de descender de categoría, en la temporada 2013/2014.
Por ello, el presidente, dos directivos y el gerente, se pusieron de acuerdo con dos futbolistas del Real Betis con influencia en el vestuario para pagarles 650.000 euros para que ganaran al Valladolid (que luchaba por la permanencia en la categoría como Osasuna), y perdieran frente al club navarro.
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