La senadora Mirella Cortès / F. @mirellacges“El proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados no responde al fin máximo de adaptar el marco jurídico a la actual realidad del deporte ni a la realidad social y política del Estado", dice ERC.
Esquerra Republicana ha presentado en el Senado una propuesta de veto a la nueva ley del deporte aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados.
De acuerdo con los artículos 90 de la Constitución y 106 y 122 del Reglamento del Senado, esta cámara puede oponer su veto o introducir enmiendas a los textos legislativos que le sean remitidos por el Congreso de los Diputados. El veto debe ser aprobado por mayoría absoluta del Senado y las enmiendas por mayoría simple.
En uno y otro caso, estas iniciativas son remitidas al Congreso. El Congreso de los Diputados puede levantar el veto ratificando por mayoría absoluta el texto que remitió al Senado, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo. El Congreso, asimismo, se pronuncia sobre las enmiendas del Senado aceptándolas o no por mayoría simple.
Estos son los puntos principales del veto formulado por ESQUERRA:
Para Esquerra, el proyecto de Ley remitido por el gobierno suponía, de facto, una importante recentralización de competencias en el ámbito del deporte, competencia exclusiva de Comunidades Autónomas como Catalunya o Euskadi. Aumentando, sin sentido alguno con la realidad y necesidades del deporte en 2022, las competencias del Consejo Superior de Deportes y basando competencialmente el proyecto legislativo en el artículo 149.1.1ª de la Constitución.
“Este hecho contraviene la consolidada jurisprudencia constitucional (véase la STC 61/1997, FJ 7), la cual establece que el artículo 149.1.1ª de la Constitución no puede operar como una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento”, dice Esquerra.
Ante esta situación, durante el largo proceso legislativo en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Republicano trabajó intensamente para incorporar, vía enmiendas, algunas mejoras al Proyecto de Ley. Se mejoró el texto en ámbitos como el respeto a los derechos del colectivo LGTBI+, el respeto a la pluralidad lingüística, el trato igualitario y sin discriminación e incluso ciertas mejoras en el ámbito del respeto al reparto competencial, aunque sin modificar los títulos competenciales en los que se basa el Proyecto de Ley.
Los pasos que se han hecho no son ni mucho menos suficientes. Por ello, afirma Esquerra, “el proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados no responde al fin máximo de adaptar el marco jurídico a la actual realidad del deporte ni a la realidad social y política del Estado. Nos encontramos todavía ante un proyecto de ley que no incorpora en su totalidad los derechos a las personas trans, que facilita un marco de abuso económico sobre las federaciones no estatales, que refuerza las estructuras de las federaciones españolas perjudicando a las federaciones de ámbito autonómico que son las que trabajan y refuerzan el deporte de base y formativo, y, por último, nos encontramos ante un proyecto de ley que sigue sin comprender y asumir que el Estado tiene diferentes realidades nacionales con el mismo derecho a competir internacionalmente que la española. Sin necesidad de que estas deban presentar justificación o solicitar permiso, en este caso, al Consejo Superior de Deportes”.
En conclusión, dice Esquerra, “la voluntad del gobierno del Estado para adaptar el marco jurídico actual, en el ámbito del deporte, a la realidad y necesidades actuales del sector, no puede ser una excusa para recentralizar competencias, vulnerar Leyes Orgánicas del cuerpo constitucional como los Estatutos de Autonomía, u obviar realidades y necesidades que pueden no ser del interés del gobierno”.










































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