La RFEF pretende que la Liga femenina pague la seguridad social de las árbitras

El conflicto arbitral femenino, a punto de explotarle de nuevo al Gobierno. Como recordarán los lectores de IUSPORT, al comienzo de esta temporada las árbitras designadas por la RFEF para la nueva liga femenina profesional convocaron un sucedáneo de huelga, con el apoyo explícito del Comité Técnico de Árbitros, es decir de la Federación, y la inhibición del presidente del CSD, que impidió celebrar la primera jornada de la competición. 

Cuando faltaban tres días para la segunda jornada, Luis Rubiales y José Manuel Franco se sacaron aquella foto de la vergüenza, haciendo ver que gracias a ellos la huelga había sido desconvocada cuando fueron ellos mismos sus valedores. 

Lo que nunca contaron es que aquel mismo día recibieron una orden "de arriba" para poner inmediatamente fin a un conflicto que dañaba las expectativas electorales del PSOE.

Aquel miércoles por la tarde, de repente, Rubiales y Franco presumieron de haber puesto fin al conflicto ofreciendo incluso dinero ambos para destinarlo a las colegiadas, que lograban por la vía rápida una profesionalizacion que costó decenios a los árbitros masculinos (que solo disfruta la élite), además de colocarse por encima de las jugadoras, las verdaderas protagonistas, en cuanto al salario que tienen reconocido por convenio. 

Pues bien, la actuación posterior de la RFEF ha venido a demostrar lo que decíamos de aquella foto: puro teatro exigido por altas esferas del Gobierno para poner fin al desgaste que la huelga le estaba generando. 

Los hechos son tozudos 

IUSPORT ha tenido acceso al escrito remitido por la RFEF a la Liga femenina en el que, lejos de plasmar los acuerdos alcanzados entre esta y las árbitras en aquellas jornadas de infausto recuerdo, le exige, no sólo unas cantidades diferentes, sino incluso unos conceptos que no se corresponden con una relación de servicios, que es la que mantienen las colegiadas con la liga femenina.

Recuérdese que la RFEF ha decidido dar de alta a las árbitras de la élite en la seguridad social como trabajadoras suyas, algo que está bajo su responsabilidad.

Lo que resulta inadmisible es que pretenda presumir de que ha regularizado laboralmente a las árbitras y que sea un tercero, la Liga femenina, la que pague, no sólo el servicio arbitral, y a precios astronómicos, sino también las cargas sociales que competen al empleador.

En ese escrito al que nos referimos, de fecha 6 de octubre, la RFEF le dice a la LPFF que a partir de la siguiente semana remitirían las correspondientes facturas de arbitraje a los clubes participantes en la Primera División Femenina a razón de 14.646,17€ por partido.

Pero ojo, añade la RFEF que dicha cantidad incluye los honorarios a las árbitras y árbitras asistentes (25.000€ para cada.una de las árbitras y 16.000€ para cada una de las asistentes) "más los costes empresariales de la seguridad social (361.080€), más los importes abonados por el CSD y la RFEF en el marco de los convenios que se firmen, equivalentes a 350.000€ cada uno de ellos en la presente temporada, a los que se deben sumar los gastos generales de desplazamientos, cuartas árbitras, formación, etc, que asciende a 1.392.000€".

El sumatorio total, concluye la RFEF, hace que los costes arbitrales de esta temporada sean 3.515.080€ que repartidos por los 240 partidos dan el resultado de 14.646,17€ por partido.

Todo esto corrobora lo que anticipamos: se trataba de un cierre del conflicto en falso, pura escenificación teatral. La RFEF ha vuelto a echarse al monte, algo que parece ya marca de la casa tras la última ocurrencia del seleccionador de convertirse en streamer.

El conflicto, en la mesa del presidente del CSD

Pues bien, tal y como adelantamos hace un mes, el conflicto está a punto de volver a explotarle en las manos al presidente del CSD porque el tiempo se le agota.

La RFEF ha seguido enviando comunicaciones a los clubes femeninos con los costes arbitrales por los encuentros disputados, fijando el recibo arbitral para el equipo local (que es quien asume estos gastos) en los mencionados 14.646,17€ por partido.

Una cantidad que implica una nueva ruptura por parte de la RFEF de los compromisos acordados con la LPFF, tanto en la cuantía como por el hecho de exigirla en solitario a los clubes cuando se había acordado que estos pagarían sólo 4.048 euros por partido; el resto lo abonaría la LPFF, que contaría con ayudas de la propia RFEF y del CSD, según acordaron estos organismos el día de la foto famosa.

Vean la evolución en las draconianas exigencias de la RFEF al fútbol femenino: la cifra total por temporada en la 2020/2021 era de 25.000 euros por club. En la 2021/2022 pasó a 50.000 euros.

Y en esta temporada 2022/2023 la RFEF pretende elevar los derechos arbitrales a la gigantesca cifra de 225.000 euros por club, incluyendo conceptos, como las cargas sociales, que no le corresponden a un tercero sino al empleador, que es la propia RFEF.

Esta cifra, ni es la acordada ni es asumible por parte de los clubes, esto es evidente. Lamentablemente, la liga femenina está aún muy lejos de la masculina en cuanto a generación de ingresos y en la RFEF lo saben perfectamente.

El acuerdo al que se había llegado era una retribución de 1.666 euros por partido para la colegiada principal, 1.006 para la asistente y 250 para la cuarta árbitra, lo que suma un total de 4.048 euros los costes arbitrales por partido a cargo de los clubes. El resto (gastos de desplazamientos, dietas, equipajes), pendiente de cuantificación, lo abonaría la Liga F.

El asunto ya está en la mesa del presidente del CSD, al que se le echa el tiempo encima pues si no resuelve el conflicto con urgencia se va encontrar con otro: los expedientes que la RFEF va a abrir a los clubes por impago de los derechos arbitrales, lo cual puede ser la bomba.