La ley del "juego" y su inevitable conexión con el deporte

Hoy ha entrado en vigor la Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, la cual introduce una serie de preceptos nuevos, así como determinadas modificaciones en cuanto a la redacción de algún artículo de la vigente Ley 13/2011.

La conexión del "juego" y el deporte es un problema que poco a poco se va atajando mediante regulaciones cada vez más estrictas, no sólo a nivel nacional sino a través de políticas europeas, las cuales tratan de frenar no sólo las posibles adulteraciones de competiciones o encuentros deportivos en favor de intereses económicos sino también una creciente y preocupante adición al juego de la población más joven.

Esta preocupación queda plasmada en el Preámbulo de la Ley 23/2022: “…uno de los fenómenos más preocupantes observados es el del fraude y manipulación de las competiciones deportivas, que afectan al normal desarrollo de las actividades relacionadas con el juego y menoscaban los intereses de sus participantes, constituyendo a su vez una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atentan contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores”.

En este sentido, una de las modificaciones que vincula directamente a los entes que regulan la actividad deportiva es la recién añadida Disposición Adicional Novena relativa al Servicio de investigación global del mercado de apuestas (SIGMA), cuyo apartado primero establece que dicho servicio se encuentra gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y tiene como finalidad la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo, por medio del oportuno intercambio de información entre sus participantes.

De este modo, SIGMA se configura como una red de cooperación interactiva y accesible por vía telemática a la que podrán adherirse el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego, que colaborarán con la DGOJ informando sobre aquellos hechos que consideren susceptibles o sospechosos de constituir un fraude en el ámbito de las apuestas deportivas. La participación parte del Consejo Superior de Deportes, de las federaciones deportivas y de las ligas profesionales en esta red de cooperación requerirá de la suscripción de convenios con la DGOJ.

Por otro lado, llama la atención la Disposición Adicional Décima, añadida por esta Ley 23/2022 y relativa a las directrices para el uso más seguro de los activos digitales no fungibles, las cajas botín o las mecánicas de monetización de la participación de los usuarios en videojuegos. Esta nueva disposición adicional fija la facultad del Gobierno en la elaboración de una serie de pautas orientadas a garantizar una mayor seguridad en la utilización de activos digitales no fungibles, las cajas botín o las mecánicas de monetización de la participación de los usuarios de videojuegos, las cuales, tal como reza la disposición, deberán tener el siguiente contenido mínimo:

• El régimen de las comunicaciones comerciales de estos productos.
• La necesaria información al consumidor en relación con los riesgos de su uso y abuso.
• Las medidas de seguridad necesarias para el correcto almacenamiento

El hecho de que se añada esta nueva disposición pone de manifiesto el exorbitante auge y crecimiento que experimentan los denominados “esports” y los videojuegos entorno a los cuales se organizan competiciones, sobre los cuales empezaba a pesar una problemática en cuanto a determinadas prácticas muy estrechamente relacionadas con las problemáticas derivadas de los juegos de azar y la adicción a los mismos.

Diego Estrada Pérez

Departamento Jurídico del Real Valladolid Club de Fútbol