La cancelación del congreso sobre Mujer y Deporte ha generado un acalorado debate tanto en Gran Canaria como a nivel nacional y ha obligado al propio Cabildo a abordar el asunto en el Pleno de la Corporación este viernes.
El pasado día 19 dábamos cuenta del comunicado de la Asociación Congreso Nacional Mujeres y Deporte en el que anunciaba la cancelación del 3er Congreso Estatal Mujeres y Deporte previsto para los próximos días 2 y 3 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria bajo el título “La salud de las mujeres en el Deporte. Una visión global” como consecuencia de la censura ejercida por el Cabildo de Gran Canaria, su patrocinador.
Por parte del Cabildo se había exigido a la organizadora la supresión de una mesa de debate titulada “La defensa de las categorías deportivas femeninas. Una visión internacional”, mesa a la que estaban invitadas como expertas psicólogas forenses, académicas, abogadas y consultoras deportivas.
La citada asociación denunció esa exigencia, que calificó como censura previa contraria a la libertad de expresión contenida en el artículo 20 de la Constitución, y se vio obligada a cancelar el evento.
Esta cancelación ha generado un acalorado debate tanto en Gran Canaria como a nivel nacional y ha obligado al propio Cabildo a abordar el asunto en el Pleno de la Corporación, debate plenario que tuvo lugar este viernes en el Cabildo de Gran Canaria.
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La Consejera de Igualdad, Sara Ramírez (Podemos), dedicó el 90% del tiempo de su intervención a leer parte de la ley canaria trans y los acuerdos adoptados en esta materia por el pleno en los últimos tres años, pretendiendo justificar el veto en base a que la referida mesa de debate iba a vulnerar la citada ley canaria por transfóbica. Y a continuación, negó que fuese ella la que puso el veto, afirmando que el evento era responsabilidad de la Consejería de Deportes del Cabildo, Francisco Castellanos (PSOE), que no se pronunció sobre la insinuación de la Consejera de Igualdad.
Por su parte, el consejero de Unidos Por Gran Canaria José Miguel Bravo de Laguna, y la consejera del PP Aurora del Rosario, calificaron lo ocurrido de forma inequívoca como un acto preventivo de censura sumamente peligroso en una democracia, por atentar contra el derecho a la libertad de expresión.
El presidente Antonio Morales dijo que no había habido veto sino que se aplazó el evento para intentar un consenso con la asociación organizadora sobre el contenido de la mesa de debate cuestionada.
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