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Los presupuestos o cuando un incremento torna en tsunami para el deporte

José Miguel Fraguela José Miguel Fraguela Martes, 18 de Octubre de 2022
F. CSDF. CSD

Los presupuestos del CSD para 2023 ascienden a un total de 375 millones con un artificial incremento del 19,5% respecto a 2022 ya que la cantidad de 149 millones provienen de los fondos europeos de resiliencia. El mayor problema no es ese, sino el "precio" que España ha de pagar en términos estructurales

El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha comparecido este martes en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados para explicar los presupuestos del CSD en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2023.

 

Antes de entrar en materia hizo una introducción general que vino a revelar cuáles son sus verdaderos propósitos con respecto al "modelo deportivo hacia el que queremos caminar".

 

Dijo el presidente de CSD: "Es tiempo de abordar sin demoras las reformas necesarias que nos lleven a ese nuevo modelo, a ese nuevo escenario, de crecimiento y de prosperidad en el sector".

 

A partir de esa declaración, pasó a desgranar los presupuestos del CSD proyectados para 2023, que ascienden a un total de 375 millones, con un artificial incremento del 19,5% respecto a 2022 ya que la cantidad nada despreciable de 149 millones provienen de los fondos europeos de resiliencia.

 

El presupuesto real que aporta el Estado español al deporte con fondos propios en 2023 es 235 millones.

 

Dicho esto, reiteramos una pregunta que llevamos meses haciendo al Gobierno sin éxito: ¿Para poder percibir esos 149 millones, que siempre vienen bien, era necesario aprobar una nueva ley que arruina la industria del fútbol español y le da la vuelta como un calcetín al modelo deportivo semipúblico que hemos tenido en España desde hace más de 30 años?

 

Como hemos contado, ayer, los clubes que integran la Comisión Delegada de LaLiga  demostraron con argumentos irrefutables al Ministro que las enmiendas son imprescindibles. Ir en otra dirección sería la ruina, no solo de 40 de los 42 clubes profesionales, sino del deporte español en su conjunto pues, como es sabido, este se financia en gran parte gracias a los recursos que proporciona LaLiga.

 

Por otro lado, la nueva ley, como hemos denunciado de forma reiterada, se carga literalmente el actual sistema público y gratuito de la justicia deportiva y otorga un poder omnímodo a las federaciones para que desplieguen su impune arbitrariedad como cuando "él habitaba entre nosotros".

 

Lo dicho, el Gobierno se comprometió ante la Unión Europea a hacer reformas para justificar los fondos y en lugar de poner el acento en los verdaderos puntos deficitarios del sistema deportivo, propone una nueva ley técnicamente mala que solo servirá para poner fin a las cosas buenas del modelo actual.

 

Al abrir el tarro de las esencias prometiendo una nueva ley, el Gobierno dio pábulo a que determinados poderes fácticos aprovecharan el Pisuerga, pero esto lo contaremos mañana. 

 

Lo más grave es que las reformas realmente necesarias podrían haberse acometido perfectamente sin necesidad de aprobar una nueva ley.


 

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