PSOE y PP ponen fin a cuarenta años de justicia deportiva pública y gratuita

El deporte español está de luto aunque aún no se ha enterado. Tanto fue el cántaro a la fuente …

Los lectores de IUSPORT son testigos de nuestra denuncia pública, reiterada, acerca de la mutilación del TAD que el PSOE se ha empeñado en acometer en la nueva ley del deporte.

Pues bien, en este preciso momento IUSPORT está en disposición de asegurar que el PSOE sacará adelante su lamentable proyecto de ley para desgracia del deporte español, que dejará de tener el amparo de un tribunal público como tercera instancia obligatoria.

La enmienda que el PSOE ha conseguido consensuar este miércoles con el PP consuma la práctica desaparición del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y prevé como única novedad que el tribunal arbitral, que ya estaba previsto y que queda al albur de lo que se establezca reglamentariamente, será gratuito sólo para los deportistas, no para los clubes, sean estos profesionales o no.

Literalmente, la enmienda pactada por PSOE y PP dice lo siguiente:

"Reglamentariamente se establecerá un sistema común de carácter extrajudicial de solución de de conflictos con los requisitos que se determinen. Dicho sistema tendrá en todo caso carácter voluntario y gratuito para los deportistas, que deberán manifestar su aceptación expresa y deberá contar con la adecuada publicidad de su contenido".

Es decir, diseñan un TAD mutilado, limitado a 3 competencias (las denuncias que le remita el CSD, los recursos contra la privación de licencias y la materia electoral) y remiten a los clubes y deportistas a la justicia ordinaria (lenta y de pago) o a la vía arbitral, que también será de pago para los clubes, a la hora de interponer recursos contra las sanciones que cada semana imponen los comités de las federaciones.

Y en un intento desesperado por aplacar las posibles reacciones del mundo del deporte, la enmienda pactada entre PSOE y PP establece que el tribunal arbitral será gratuito para los deportistas, olvidando que son los clubes los que recurren en todos los casos, incluso cuando los sancionados son sus jugadores.

En todo caso, conviene advertir lo siguiente:

1.- Que el nuevo tribunal arbitral sea gratuito para los deportistas no significa que no tenga impacto en las arcas públicas. El tribunal arbitral será infinitamente más caro de mantener que el TAD y su coste tendrá que ser asumido por el CSD con cargo a su presupuesto, lo cual da una idea cabal del disparate, también económico, que está a punto de consumarse.

2.- El tribunal arbitral será de de pago para los clubes, con independencia de que sean o no profesionales. O sea, a diferencia del modelo actual en el que el TAD es gratuito, el tribunal arbitral será de pago en el 90% de los expedientes, si no más, si tenemos en cuenta que los recursos de los jugadores los interponen y costean siempre los clubes a los que pertenecen. Sólo en los deportes individuales será gratuito el tribunal arbitral, para los deportistas, no para el Estado. Alguien tendrá que afrontar la remuneración de los "árbitros".

3.- Será un tribunal voluntario, como cualquier otro tribunal arbitral. Por tanto, aunque lo encuadren dentro de la estructura del CSD en su reglamento de desarrollo, bastaría con que una federación no quiera someterse a su jurisdicción para que un recurso de un club o de un deportista vaya directamente a la papelera. En ese caso, a los clubes y deportistas no les quedaría otra salida que acudir directamente a la justicia ordinaria, una vía que nunca ha sido útil para el deporte por ser lenta, además de ser costosa para las partes.

4.- Y cuarto, pero no menos importante. Las resoluciones del nuevo tribunal (laudos) no podrán impugnarse ante la justicia ordinaria sino en los casos tasados por la ley de arbitraje, ninguno de ellos referido al fondo del conflicto. Recuérdese que con el modelo actual, las resoluciones del TAD son recurribles en todos los casos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La propia enmienda se ocupa de recordarlo en estos términos:

"Contra los laudos o acuerdos que puedan adoptarse en el marco del sistema extrajudicial de solución de conflictos a que se refiere el apartado anterior podrá ejercitarse la acción de anulación o solicitarse la revisión ante la jurisdicción civil en los términos previstos en el título VII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, o la acción de nulidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio".

O sea, la nueva ley, en lugar de proteger a los deportistas frente a la arbitrariedad de las federaciones, recorta sus posibilidades de defenderse al privarles de la tutela judicial efectiva.

En resumen, el PSOE, ahora con la ayuda del PP, aceptando gustosamente las presiones de determinados poderes fácticos, en especial de uno concreto por todos conocido, nos devuelve con la nueva ley a tiempos pretéritos en los que las federaciones campaban a sus anchas sin que el poder público les enmendara la plana.

Triste final para un tribunal público, digno, de utilidad contrastada aunque a veces discrepemos de sus resoluciones; gratuito, respetado y que nunca ha sido cuestionado por el mundo del deporte, salvo por una federación concreta.

Un tribunal cuyos orígenes se rermontan a la ley del deporte de 1980 (con un gobierno de UCD), que creó el Comité Superior de Disciplina Deportiva, órgano que más tarde, tras la ley de 1990 (con un gobierno del PSOE), pasó a llamarse Comité Español de Disciplina Deportiva para diferenciarlo de los homónimos de las CCAA. Y en 2014, cuando gobernaba el PP, pasó a denominarse Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), adquiriendo una dimensión mayor al concentrar las competencias del antiguo Comité Español y las de la extinta Junta de Garantías Electorales del Deporte.

Es decir, PSOE y PP rompen sin justificación de clase alguna con un modelo que ha sido aceptado por todos los partidos políticos en esta etapa democrática que arrancó a mediados de los años setenta del siglo XX.

En pocos meses, los deportistas y clubes, que no han sabido o querido alzar la voz contra la nueva ley, empezarán a sentir sus efectos nocivos, pero ya será tarde. La ley saldrá publicada en el BOE en diciembre de este año.