Las facturas de Piqué afloran los servicios realmente prestados por la Supercopa

El diario El Mundo ha desvelado algunas de las facturas emitidas por la empresa de Piqué en relación con el contrato que firmó en 2019 con la empresa pública de Arabia Saudí (SELA) sobre la Supercopa de España a celebrar en dicho país, un asunto que es objeto de investigación judicial tras los 'Supercopa Files' divulgados por El Confidencial.

El Confidencial accedió en su día a documentación según la cual la empresa de Gerard Piqué,  Kosmos, pactó con Sela, la empresa pública de Arabia Saudí, una comisión de 24 millones por llevar la Supercopa de España a dicho país. 

La intermediación de Piqué en la transformación y traslado de la Supercopa de España era conocida. Las propias partes la habían admitido, pero no habían trascendido los detalles de las facturas. La comisión alcanzó un 10% del acuerdo, que se eleva hasta los 40 millones anuales que paga Arabia Saudí a la RFEF.

Pues bien, las facturas de la empresa Kosmos desveladas ahora por El Mundo reflejan unos servicios más amplios que la mera consultoría, a prestar a Arabia Saudí respecto a la Supercopa de España: ciertamente, las facturas hablan de "servicios de consultoría (representación, consultoría y asesoramiento en marketing y comunicación)", realización de labores de "estrategia y consultoría"; en la "financiación y patrocinio" de la competición.

Pero también reflejan "servicios relacionados con la promoción, organización, desarrollo, escenificación, explotación y gestión del torneo" y “organización y Recursos Humanos", así como en el desarrollo de "servicios adicionales", que resume como "servicios organizativos".

Como señaló Pedro del Rosal en El Confidencial, la RFEF y Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, no son los únicos afectados por las dudas sobre los acuerdos para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Diversos expertos en Derecho Penal consultados por dicho diario alertan de que la eventual aparición de irregularidades en los contratos (aún no se ha dado declaración de irregularidad por ningún comité o tribunal) arrastraría también judicialmente al FC Barcelona.

Un escenario que se produciría porque los clubes están obligados a controlar los asuntos en los que se involucran sus empleados si estos pueden tener algún tipo de incidencia en la actividad del club.

El Código Ético del FC Barcelona, que pretende evitar los conflictos de interés, es de aplicación a todo el personal del club, lo cual incluye, según su artículo 1, a "los profesionales deportivos de la entidad (jugadores y cuerpo técnico)".

El artículo 4 determina que "los obligados a esta norma no colaborarán con terceros en la violación de ninguna ley, ni en acciones que, aunque sean legales, puedan comprometer el respeto al principio de legalidad, dañar la reputación del FCB (...)".

Y el precepto 4.6 señala que, "si bien el FC Barcelona reconoce y respeta la participación del personal en actividades financieras y empresariales diferentes a las desarrolladas por la entidad (siempre que sean legales, éticas y no colisionen con las responsabilidades hacia el club), se deberán evitar en todo momento las situaciones que puedan suponer un conflicto entre los intereses personales y los del club, o que permitan valerse de su posición en el FC Barcelona para obtener ventajas patrimoniales o personales u oportunidades de negocio".

En definitiva, las facturas desveladas por El Mundo, que reflejan unos servicios que van más allá de la mera consultoría, podrían comprometer al jugador y a su club si el juez competente en el caso declara que ha incurrido en conflicto de intereses.