El club, según la Fiscalía, eludió el pago de su deuda con Hacienda, superior a los tres millones de euros, y troceó esa cantidad ingresada en cheques para la Fundación y así cubrir el día a día de la entidad.
La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, ha dictado un auto este jueves por el que acuerda incoar procedimiento abreviado contra cuatro personas físicas, consejeros y patronos, y dos entidades Hércules y su Fundación, por el llamado ‘caso Abde’.
En este caso se investiga tras la denuncia en junio de la Fiscalía por un presunto delito de alzamiento de bienes por parte de los dirigentes del Hércules y de la Fundación tras el pago de dos millones de euros por parte del Barcelona de la cláusula de rescisión del delantero Abdessamad Ezzalzouli ‘Abde’ el pasado verano.
El club, según la Fiscalía, eludió el pago de su deuda con Hacienda, superior a los tres millones de euros, y troceó esa cantidad ingresada en cheques para la Fundación y así cubrir el día a día de la entidad.
Tras dos jornadas de declaraciones en los juzgados, en los que intervinieron todos los investigados, así como el inspector de la Agencia Tributaria, la magistrada ha decidido atender que de las diligencias practicadas “aparecen acreditados indiciariamente los indicios de delito que motivaron la apertura de la causa”, según fuentes judiciales.
Estos investigados son las entidades Hércules Club de Fútbol y la Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante, como personas jurídicas, así como las personas físicas Carlos Parodi, presidente del club y miembro de la comisión ejecutiva de la Fundación, Valentín Botella, presidente de la comisión ejecutiva de la Fundación y consejero del Hércules CF, José León, vicepresidente y secretario de la comisión ejecutiva de la Fundación, y José María Caruana, vocal y secretario del Patronato de la Fundación.
La magistrada también acuerda en el auto el sobreseimiento de las diligencias para otros dos investigados, la entidad Caja Rural y el director de una sucursal de la misma firma, al considerar que las diligencias de investigación practicadas "no sustentan la tesis incriminatoria inicial mantenida por el querellante".
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