Sigue empantanado el conflicto por la huelga tras la 2° reunión en el CSD

La segunda reunión entre la RFEF y la liga femenina en el CSD ha terminado sin cerrarse el conflicto aunque las partes tienen una propuesta que van a estudiar con vistas a una siguiente reunión. 

“Si me preguntáis si me muestro optimista, ahora mismo cuando salgo de ahí es que no”, ha afirmado Beatriz Álvarez, presidenta de la LPFFF, cuando salía de la reunión.
 

Por su parte, el director general de la LPFF, Pablo Vilches, explicó tras la reunión las nuevas cifras de la propuesta: 1.666 euros es la propuesta que la LPFF acepta para las árbitras principales, que vienen cobrando 300, y 1.066 es la nueva retribución propuesta para las árbitras asistentes, que hasta ahora vienen cobrando 168.

Ante la distancia sideral entre las pretensiones de las árbitras, que quieren cobrar más que las jugadoras, y las posibilidades económicas de la Liga femenina, limitadas por razones obvias, el CSD emplazó nuevamente a la LPFF y a la RFEF a acudir esta misma tarde, en la sede del Consejo, a una reunión para buscar un acuerdo con carácter urgente y permanente para un comienzo en paz de la competición profesional femenina.

Recuérdese que las jugadoras tienen por convenio un sueldo de 16.000. Las árbitras pretenden cobrar 50.000.

Lamentablemente, el Gobierno sigue sin darse cuenta de la verdadera dimensión del asunto y de que, sin su intervención, no hay perspectiva de resolver el conflicto antes de este fin de semana que evite la huelga en la segunda jornada de liga.

Una huelga, como hemos explicado, sui generis, ya que las huelguistas, por voluntad propia según manifestó ayer Marta Huerta, están representadas por su patronal, la RFEF.

Un conflicto laboral donde las trabajadoras, unas 50 aproximadamente, se han apoyado en su patronal, o al revés, para poner en jaque a un sector, el del fútbol  profesional femenino, que integran miles de personas, entre jugadoras, entrenadoras, personal no deportivo de los clubes, operadores de TV, patrocinadores, etc.

Sin embargo, según informa Marta Griñan en el diario AS, después de la segunda reunión con la LPFF en el CSD, Yolanda Parga ha trasladado lo negociado a las árbitras, que siguen con un sentimiento de indignación y no descartan acudir a otras instancias del Gobierno como el Ministerio de Igualdad para intentar desbloquear su situación.

Sería interesante conocer el parecer de la ministra Irene Montero cuando le informen sobre cómo se ha gestado esta huelga no declarada a la autoridad laboral, quien representa a las árbitras y que éstas pretenden cobrar más que las protagonistas, las jugadoras. 

Deberían informar a Montero de que las jugadoras tienen un sueldo por convenio de 16.000 euros y que las colegiadas, sin negociar ningún convenio colectivo, quieren cobrar 50.000.

Llegados a este punto, ¿a quiénes defenderá la ministra de Igualdad, a 50 árbitras o a las jugadoras?.