Los argumentos expuestos al juez para pedir la intervención judicial del Valencia

El abogado del accionista del Valencia que ha demandado al Valencia a la Fundación VCF y a Meriton Holdings, la empresa de Peter Lim, por la venta al empresario de la mayoría accionarial del club en 2014 defendió este miércoles ante el juez en la vista de medidas cautelares la necesidad de que haya una intervención judicial en la entidad para que cuando acabe el proceso sea viable la aplicación de una posible sentencia a su favor.

“Si no interviene el juzgado, no quedará nada que restituir”, advirtió a Efe el abogado Jaime Navarro tras la vista de esta mañana. La petición realizada es la de que haya una intervención judicial de control, una administración judicial o al menos que se anote la demanda en el libro de registro del club “por si hay un comprador de buena fe de esas acciones".

Navarro explicó que piden una “nulidad en cascada”, es decir, que tras la anulación de la venta por parte de la Fundación a Meriton de las acciones, cada parte restituya a la otra lo que le haya podido transmitir en el tiempo que pase hasta la sentencia, desde sueldos a empleados de Meriton o comisiones a dinero que haya podido poner Lim.

“Las dos partes se tendrían que devolver lo entregado. Nosotros pusimos en la demanda que la cuantía era indeterminada porque habría que hacer una auditoría, pero en la vista previa el Valencia pidió que se fijase la cuantía del procedimiento en cien millones (los que pagó Meriton por las acciones)”, apuntó Navarro.

El abogado señaló que el club  se ha puesto encima de su cabeza “la espada de Damocles” al establecer esa cantidad y no trasladar la responsabilidad a la Fundación, que fue la que vendió las acciones, porque, a su entender, ahora estará obligado a provisionar esa cantidad. Eso agravaría la situación económica de la entidad, que según dijo ya está “en causa de disolución”.

“Tras las últimas ampliaciones, su capital es de 34 millones y sólo con que hubiera 37 millones de pérdidas, ya lo estaría pero la presidenta Layhoon dijo que a 30 de junio era de cincuenta millones”, apuntó.

Navarro dijo que esperan que el juez decida sobre las medidas cautelares antes del día 21 en el que arrancará el juicio y señaló que la decisión que tome será recurrible por ambas partes ante la Audiencia Provincial. Navarro cree que el proceso principal acabará en el Tribunal Supremo y que eso alargará el proceso a cinco o seis años.