La preocupante ausencia de liderazgo público en el deporte español

El verano de 2022 será recordado, desde el punto de vista institucional del deporte, como el verano del desconcierto.

Algunas cosas se están poniendo a prueba. Sin duda, una de ellas es la calidad de la intervención pública. El papel de los poderes públicos en el deporte, el del CSD en particular, en estos últimos meses ha resultado confuso y errático, cuando no ausente.

A estas alturas hemos descubierto que un emparejamiento de equipos es un acto de aplicación de un calendario y que las competencias sobre el calendario se proyectan sobre sus actos de aplicación.

Es muy difícil de entender que organizar una competición no te permita celebrar un sorteo de emparejamientos en el marco de un calendario aprobado bajo competencias públicas, que lo son -ope legis- para asegurarse el respeto de los compromisos internacionales de la respectiva modalidad.

Resulta también muy difícil de entender que el mismo ente que acoge el sorteo de una liga profesional en proceso constituyente (ASOBAL), cuando se trata de la de fútbol femenino (ya constituida) construya una complicada tesis que retuerce el concepto de coordinación hasta convertirlo en título de habilitación competencial para la Federación al margen de lo previsto en el Decreto de federaciones deportivas de 1991.

No sólo eso. Hemos observado cómo el CSD atribuye a la RFEF una potestad coordinadora fuera del convenio de coordinación, algo que ciertamente es una interpretación muy preocupante para el deporte profesional.

Estamos en un momento de profunda confusión. Las autoridades insisten en la necesidad de la intervención pública pero esas palabras no se traducen luego en hechos. Si se dice que se opta por ese modelo, no hay inhibición posible y si esta hace acto de presencia es porque no hacen lo que dicen.

El compromiso y el liderazgo público en la gestión del deporte son incompatibles con esta nueva tendencia, ante cualquier conflicto, a señalar que las entidades son privadas y que, por tanto, este es el terreno de su solución. La posición del CSD ante los problemas federativos ha sido esta. La posición del CSD ante los conflictos de los emparejamientos ha sido, materialmente, ésta.

Es necesario establecer un marco que no ofrezca dudas ni genere confusión. Si se cree en el liderazgo público del deporte, no hay más que ejercerlo en nombre del interés general.

No hay previsibilidad de la respuesta y de la delimitación de la intervención pública. El Estado ha perdido su horizonte y ahora existen dudas sobre su intervención, su finalidad, sus formas y sobre el contenido de sus resoluciones.

Hoy no hay seguridad, no hay un criterio único, no hay certezas. La improvisación y las lecturas simplistas han relegado al criterio razonado, al tratamiento igualitario y a la cordura. El deporte necesita saber dónde está, qué se puede esperar de cada quien y cuál es el marco.

El momento es, desde luego, de gran confusión ambiental y es precisamente, en estas situaciones, donde la solvencia y la seguridad la tienen que proporcionar los poderes públicos.

La sensación que está dejando el verano es la de una actuación errática que pone en solfa la legitimación y credibilidad de la intervención pública, cuyas líneas no se conocen y cuyos fundamentos se difuminan por las soluciones ad causam.

Llegados a este punto, es obligado exigir a los rectores de la res publica conocimiento del medio, solidez en la actuación y coherencia en la ordenación del deporte, aunque es dudoso que esto lo pueda proporcionar una persona que ha aterrizado en la dirección del deporte español como si procediera de otro planeta.