El Hércules, que milita en Segunda RFEF, cobró el pasado 31 de agosto, fecha en la que acaba el mercado de fichajes, dos millones de euros de la cláusula de rescisión de su delantero Abde.
El Juzgado de Instrucción de Alicante ha abierto una causa contra el Hércules, su Fundación y varios consejeros y patronos, además de la entidad Caja Rural Central, por un presunto delito de alzamiento de bienes tras el desvío de los dos millones de euros que abonó el Barcelona este pasado verano para fichar al delantero Abde.
Según ha informado Radio Alicante, en la querella también se acusa como presuntos autores de estos hechos al actual presidente del club, Carlos Parodi, y los consejeros Valentín Botella y José León, así como a José María Caruana, secretario de la fundación.
El Hércules, que milita en Segunda RFEF, cobró el pasado 31 de agosto, fecha en la que acaba el mercado de fichajes, dos millones de euros de la cláusula de rescisión de su delantero Abde.
El club alicantino mantiene una deuda con la Agencia Tributaria desde hace años superior a los 3,7 millones de euros, pero el club, en lugar de utilizar esta inyección económica extra para reducir su déficit lo endosó a nombre de su Fundación y lo ingresó en una cuenta, que según relata la información publicada, estaba inactiva desde hacía siete años.
Los dos millones se dividieron en 34 cheques, todos a favor del Hércules, y la mayoría de ellos fueron ingresados a lo largo del año para abonar distintos pagos de la entidad y no para saldar la deuda con Hacienda.
Fuentes del Hércules consultadas por Efe han declinado realizar comentarios sobre la querella al señalar que no tienen conocimiento oficial de la misma y que desconocen la información referida.
El presupuesto del Hércules de esta pasada temporada rondó los dos millones de euros, la misma cifra del traspaso del canterano.
Esta nueva polémica llega en un momento especialmente delicado para los dirigentes herculanos, cuya popularidad en la afición alicantina está bajo mínimos como lo confirman las últimas protestas populares en las que se pide la mediación política para forzar la salida de la entidad del máximo accionista, Enrique Ortiz.
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