Miguel Galán pide también a la FIFA que abra expediente a Luis Rubiales

El entrenador nacional Miguel Ángel Galán, cuya denuncia ha dado pie a la Fiscalía Anticorrupción a iniciar diligencias de investigación contra Luis Rubiales, ha pedido a la FIFA que abra expediente sancionador al máximo dirigente federativo, según informa Antonio Salvador en El Independiente.

Galán connsidera que el contrato con Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa en dicho país y otras decisiones que ha adoptado desde que ocupa el cargo suponen un «incumplimiento» de su código ético.

En las últimas seis semanas, Galán -presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte- ha acudido al Ministerio Público, al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a los juzgados de Majadahonda (Madrid) para poner en conocimiento de estas instancias los hechos que viene revelando desde mediados de abril el diario El Confidencial en el marco de la Supercopa Files. A su juicio, revisten características de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, entre otros.

Pues bien, ahora ha llamado a la puerta del departamento de Compliance de la FIFA, que ya ha acusado recibo de su escrito. El denunciante quiere que el máximo organismo del fútbol a nivel mundial analice si Rubiales ha infringido su Código de Ética -en vigor desde el 1 de agosto de 2019- con diversas decisiones que ha tomado desde que ocupa el cargo (mayo de 2018), entre las que se encuentran algunas de las que incluyó en la denuncia que ha motivado que Anticorrupción esté realizando ya pesquisas.

Gran parte de las 68 páginas que integran el escrito enviado por Galán a Zúrich (Suiza), sede de la FIFA, tienen que ver con el contrato firmado con la Federación de Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa.

El acuerdo se alcanzó en 2019 y preveía la celebración de tres ediciones y una posible prórroga por tres más. El negocio se amplió para poder cobrar los 40 millones de euros correspondientes al canon de 2021 -se terminó disputando en España debido a la pandemia- y finalmente serán diez años, lo que reportará unos 400 millones.