
El magistrado entiende que los hechos denunciados por los clubes “revisten los caracteres de un presunto delito de amenazas, coacciones y prevariación” y “presentan las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y por ello acuerda incoar diligencias previas.
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 8 de Majadahonda ha incoado dligencias previas contra la RFEF a raíz de la denuncia presentada por los clubes UD San Sebastián de los Reyes, DUX Internacional de Madrid, CF Rayo Majadahonda, RB Linense y Club Linares Deportivo, fundadores de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional. Los denunciados son el presidente de la Federación y otras dos personas.
En su resolución, el magistrado entiende que los hechos denunciados por los clubes “revisten los caracteres de un presunto delito de amenazas, coacciones y prevariación” y “presentan las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y por ello acuerda incoar diligencias previas.
Los hechos denunciados por los clubes bajo la dirección del bufete Martínez-Echevarría Abogados se sitúan en la reunión convocada por el ente federativo con los clubes que integran la Primera RFEF, el pasado 10 de marzo, momento en el que los denunciados, “haciendo uso de su cargos, han engañado, amedrentado, amenazado y coaccionado de forma pública y notoria a los denunciantes con la finalidad de que estos renuncien al ejercicio de su derecho constitucional a la asociación (art. 22 de la Constitución Española) y procedan de inmediato a la disolución de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional, asociación legalmente constituida”.
Los investigados, tal y como se recoge en las pruebas aportadas al juzgado -entre ellas la grabación integra de la reunión-, “amenazaron a los denunciantes con la expulsión de la competición en la que militan, con la imposición de sanciones pecuniarias y denegarles el acceso a las ayudas financieras a las que tienen derecho y que gestiona la RFEF”, si, en el plazo perentorio de 48 horas, no procedían a la disolución de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría Nacional (Primera RFEF) de la que son socios fundadores. Disolución que, lejos de producirse, está provocando el creciente interés de otros clubes por integrarse en la misma.
En la exposición de los hechos, se manifiesta en la denuncia que la única finalidad de los investigados era evitar que la “Asociación pueda de algún modo alcanzar acuerdos de patrocinio u otro tipo de ayudas financiera en beneficio de sus asociados y al margen de la RFEF y con ello poner en peligro los emolumentos y prebendas que disfrutan los denunciados”.
Y esto es así, acentúa la denuncia, “porque el Sr Rubiales percibe de la RFEF, además de su sueldo fijo (160.000 € anuales), una cantidad adicional equivalente al 0,15% de la totalidad de los ingresos liquidados por cualquier concepto, excluidas las subvenciones públicas, por lo que cualquier cantidad canalizada fuera de la RFEF supondría un menor ingreso por el Sr. Rubiales e, indirectamente, por el resto de denunciados”.
Amenazas que, según los denunciantes, no solo se habrían producido en el ámbito privado de la RFEF, sino también de manera pública empleando para ello el altavoz de los medios de comunicación con la finalidad de que las amenazas vertidas lleguen también a los socios y aficionados de los clubes afectados. Una actuación que no es nueva por parte de los denunciados, habiéndose producido en situaciones anteriores con otras asociaciones y colectivos vinculados a la RFEF.



























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