AFE pide al CSD que investigue el presunto espionaje encargado por la RFEF

AFE, sindicato presidido por David Aganzo, ha emitido un comunicado este martes en el que anuncia acciones legales tras desvelar El Confidencial que en 2019 la RFEF encargó servicios de espionaje contra su persona. 

AFE va a solicitar al Consejo Superior de Deportes que abra una investigación para determinar si se ha producido una conducta de las tipificadas en el artículo 76 de la Ley del Deporte, referida a infracciones graves o muy graves.

En estos casos, el CSD decidirá si abre o no expediente informativo, practicando una serie de diligencias dirigidas a corroborar la denuncia. Si tras esas diligencias adquiere la convicción de que existen indicios racionales de irregularidad, acordaría instar al TAD para que incoe el correspondiente expediente extraordinario.

A su vez, el TAD, al recibir la propuesta razonada del CSD, acordará finalmente incoar el expediente disciplinario si la propuesta es conforme a Derecho.

Los hechos desvelados por El Confidencial

Según publica hoy El Confidencial, la RFEF contrató una agencia de detectives privados para investigar al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo. El espionaje se produjo en agosto de 2019, coincidiendo con la presentación de una moción de censura planteada contra éste. 
 

Durante cuatro días, según dicho diario, un detective vigiló y grabó todos los pasos del exdelantero de dirigente sindical español, que también preside la organización mundial de futbolistas FIFPRO. 

El comunicado de AFE

"Desde AFE reprobamos este tipo de conductas al considerar que perjudican a la imagen de una institución como la Real Federación Española de Fútbol en particular, y la del fútbol español en general", comenzó el texto emitido por el sindicato en relación a la información de El Confidencial, desde donde aseguran que Rubiales contrató supuestamente los servicios de detectives para espiar la "conducta" de Aganzo.

AFE apuntó que con este tipo de maniobras, "más parecidas a prácticas de dudosa legalidad", Rubiales pretende "coaccionar e intimidar" el papel del sindicato dentro del ámbito del fútbol y "en la defensa de sus afiliados y afiliadas". "Los sindicatos son instituciones que defienden los derechos de los trabajadores/as, mereciendo un reconocimiento y un respeto, como se subraya en el artículo 7 de la Constitución Española", pidió el comunicado.

"Ante estas informaciones, AFE considera que es injustificable una investigación con detectives privados encargada desde la RFEF con claro ánimo de intervenir en el normal desarrollo de la vida diaria del sindicato. Se trata de una intolerable persecución al máximo representante del colectivo de futbolistas de nuestro país y a un sindicato en el que siempre debe prevalecer su independencia", aseveró AFE.

Así, el sindicato solicitó al CSD que abra una investigación para determinar si se ha producido una conducta de las tipificadas en el artículo 76 de la Ley del Deporte, referida a infracciones graves o muy graves.

"En AFE entendemos que debe actuarse con contundencia frente a este tipo de actuaciones por parte de una institución que actúa por delegación pública y que, por tanto, tiene una proyección de los poderes públicos, que deben intervenir para salvaguardar el buen nombre del fútbol y de una institución de la importancia de la RFEF", expresó.

AFE explicó que en este caso no hay "ningún interés legítimo" para contratar los servicios de una empresa de detectives con la intención de investigar a su presidente y sí un "interés espurio para dañar su imagen, su reputación y la del sindicato al que representa".

Ante la gravedad de lo sucedido, AFE y su presidente, David Aganzo, van a adoptar medidas legales, además de trasladar su preocupación y repulsa a UEFA, FIFA y FIFPRO (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales), al entender que podría haber alguna responsabilidad penal o disciplinaria apelando a sus respectivos códigos de conducta", anunció el comunicado.

Además, recordaron que existe un "precedente similar". "Desde la RFEF se filtraron los audios de una reunión de trabajo, en la que la RFEF no pidió permiso a las partes participantes para ser grabada, por lo que la citada federación, presidida por Luis Rubiales, fue sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos con una multa de 200.000 euros", explicó.

"Consideramos que episodios como éste deben ser reprobados y las personas que los protagonizan deberían estar fuera del ámbito del deporte", zanjó