La prohibición de actividades de patrocinio de operadores de juego en su contexto

Ha llegado a su recta final la tramitación del proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, habiendo sido ya informa por el Consejo de Estado en su Dictamen 518/2020 acordado en la sesión de su Comisión Permanente del pasado 15 de octubre.

Ya queda poco para que vea la luz. Tan poco que el que el titular del departamento ministerial proponente del proyecto ha dirigido una carta a los veinticinco clubes de fútbol de LaLiga que tienen acuerdos o contratos de patrocinio con casas de apuestas en las que les anuncia la inminente aprobación de la norma y les advierte que “Desde el mismo momento en el que se publique en el Boletín Oficial del Estado el citado Real Decreto, estará prohibida toda operación comercial que tenga como objetivo establecer un patrocinio deportivo por parte de empresas afectadas, tales como aquellas vinculadas a las apuestas deportivas”, indicando que “Los contratos aún vigentes al tiempo de la aprobación de la norma deberán cancelarse tan pronto como venza el periodo de transitoriedad incluido en el propio Real Decreto, el cual nunca será superior a Ia duración de la presente temporada deportiva”, explicando a continuación lo pernicioso que resulta el juego y apostar entre los más jóvenes, que ello es probable que se haya agravado durante la pandemia y que por ello “todos los poderes públicos y agentes referentes, como el Club que usted representa, tenemos un reto conjunto que abordar. Desde este Ministerio estamos convencidos de que podremos contar con su ayuda”. 

Desde que comenzó a tramitarse el proyecto, cuya primera versión de su texto es de 24 de febrero de 2020, ya se conocía que se iba a prohibir que la publicidad de las casas de apuestas, el patrocinio de estas a clubes deportivos iba a prohibirse.

Lo que no se conocía, o por lo menos no se esperaba, es que viniera la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que la misma se llevara por delante la temporada deportiva entre otras cosas, que como es sabido tuvo que suspenderse durante meses mediando la bien conocida declaración del estado alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las sucesivas normas aprobadas debido a la indicada situación.

De las medias adoptadas en estos tiempos recientes es llamativa la que se estableció con el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Su artículo 37 venía a prohibir, mientras durara el estado de alarma, las comunicaciones comerciales que “interpelen al consumo de actividades de juego en ese contexto”, bajo pena de sanción por infracción de carácter grave de las previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Esta prohibición se levantó, derogando ese precepto, por otro Real Decreto-ley, el 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se quiere establecer definitivamente la prohibición y tiempo habrá para ver cómo queda el texto final de la norma y qué plazos establece para los contratos ya firmados (el proyecto señala 3 meses desde la entrada en vigor el 1 de julio de 2021), sobre lo que seguro el Consejo de Estado algo habrá señalado.

Todo ello sin perjuicio de reconocer que el proyecto normativo nos plantea serias dudas de constitucionalidad dado su rango reglamentario y el efecto retroactivo sobre contratos ya firmados que plantea. Ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre medidas de este tipo en otros ámbitos, como sucedió este mismo año con sus sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 332/2020, de 6 de marzo, y 349/2020 de 10 de marzo de 2020, relativas a las anulación de las restricciones impuestas a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) por el Real Decreto 1076/2017.

De los clubes de fútbol afectados, de los 42 de LaLiga, se estima que son 32 los que tienen algún acuerdo con casas de apuestas, siendo 11 los que tiene como principal patrocinador una casa de apuestas, estimándose la merma de ingresos en unos 90 millones de euros de acuerdo con el presidente de propia LaLiga, la cual cuenta también con un patrocinador del sector del juego y las apuestas. También, en menor medida, clubes de la ACB cuentan con esos patrocinios, en concreto 3, además de la propia ACB.  

La intención final del Ministerio de Consumo es tan loable como extemporánea, sin perjuicio de ser discutible el instrumento normativo elegido. Combatir la ludopatía, especialmente entre los más jóvenes, es una necesidad, y es claro que medidas que lleven a que la actividad no se perciba como buena puede ayudar.

De hecho, y sin entrar en consideraciones que vienen desde la Unión Europea al respecto y en esa línea, ya en 2001 el Informe sobre principios para una regulación del juego por internet elaborado por el Ministerio del Interior afirmaba que “la publicidad de los juegos debe tener un carácter totalmente restrictivo y nunca incentivador de la actividad del juego”. Casi veinte años después más que desincentivar se plantea prohibir, y sin entrar en lo proporcionado de la medida, es claro que se adopta en un momento especialmente delicado.

El momento actual es claro que viene marcado por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y que el fútbol profesional está sufriendo una merma de ingresos que a principios de este complicado año 2020 era insospechada.

Se estima que la pérdida de ingresos de LaLiga estará entre los 600 y 500 millones de euros, con una caída del negocio del 13%, recortándose la masa salarial en 400 millones. Una situación ciertamente preocupante y complicada que ojalá sea transitoria, pero que debería no obviarse por quienes marcan la agenda política.

Sobre todo, porque el fútbol profesional, con el dinero que genera por sus derechos televisivos, y también por las apuestas deportivas, contribuye de un modo decisivo a engrosar los Presupuestos Generales del Estado beneficiándose el conjunto del deporte español. Sólo hay que ver el proyecto de Presupuestos que ha empezado a tramitarse, en concreto el Programa 336-A (fomento y apoyo de las actividades deportivas) que incluye cantidades que aporta directamente el fútbol profesional.

Así, en transferencias corrientes, se prevén 11.291.430 euros para las diputaciones provinciales en cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley del Juego en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Por ese concepto LaLiga percibirá 6.535.490 euros y la RFEF 346.050 euros.

Y a todo esto, sin que aún se haya hecho efectivo el mandato que establece la disposición adicional sexta de la Ley del Juego, modificada en 2012, y cuyo tenor literal no podemos dejar de recordar: 

“Reglamentariamente se fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte y a las competiciones deportivas organizadas en España, en el caso de las Apuestas Deportivas y de retorno a las sociedades organizadoras de carreras de caballos en España en el caso de las Apuestas Hípicas, todo ello sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Adicional tercera.

El Real Decreto que desarrolle la presente Ley establecerá asimismo el régimen de participación y distribución que corresponda por las obligaciones de proporcionar los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad en el desarrollo de las mismas, así como, en el caso de las carreras de caballos, por la propia organización de las carreras y su contribución al mantenimiento de la industria productiva”.

Como podemos observar, le sale gratis a los operadores de juego la obligación que asume el organizador de las competiciones deportivas -muy señaladamente LaLiga- de “proporcionar los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad en el desarrollo de las mismas”.

Y les sale gratis porque el Gobierno aún no ha establecido reglamentariamente en qué medida los ingresos del juego van a revertir al deporte, más allá de lo que se recaude por la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado, que organiza sus populares apuestas deportivas. Una dejadez especialmente criticable cuando se va a materializar una prohibición que, por compartible que pueda ser su fin último, coarta de raíz cualquier posibilidad para la industria de obtener ingresos de ese sector.

Añadamos que, en el mismo apartado de transferencias corrientes del Programa 336-A del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se prevén 1.731.530 euros para cotizaciones a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel, y 456.370 para ayudas a deportistas que representen a España en competiciones internacionales, todo ello en aplicación del Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Es decir, del fútbol televisado, que continúa disputando su competición con los estadios cerrados y las dificultades por todos conocidas.

Y además, con serias amenazas en ciernes, como es el anuncio ya sin timidez de una suerte de “superliga” europea de fútbol que tendrá sin duda el efecto de devaluar las competiciones nacionales y de restar la capacidad de estas para colaborar en otros fines, como nos tiene acostumbrados.

Hay quien dijo que se nos rompió el amor de tanto usarlo. Esperemos que no le pase lo mismo al erario con el fútbol. Y ojalá se acabe pronto con ese maldito virus.