De los Pactos de Viana a las "querellas a la catalana"

El deporte profesional es, además de deporte, un enorme campo de intereses económicos, sociales, de sentimientos, de vanidad y de factores diversos que complican su propia percepción.
La imagen de estos últimos días es tan compleja como la del deporte y su continuidad en la siguiente temporada. Se había dicho, probablemente desde una bisoñez inédita en el conocimiento del mundo del deporte, que desde los denominados Pactos de Viana el conflicto y la disputa se iban a canalizar por vías de comunicación y mediación.
Unas semanas después de aquel deseo no queda sino el título desde que el propio CSD abrió la caja de pandora con el caso Fuenlabrada. A partir de ahí, las declaraciones, los recursos, las reclamaciones, las querellas y los conflictos son la regla (probablemente como siempre) teniendo en cuenta el juego de sentimientos, relevancia social e interés económicos.
Es aquí donde se plantea si todo el arsenal de recursos y reclamaciones, siendo legítimo, es razonable y si, en el conflicto, es posible encontrar soluciones.
Como regla, hay que decir que muchos otros sectores viven en el conflicto y lo han asimilado en su propia gestión. El conflicto, en derecho, es legítimo, posible y no hay reproches a quienes los utilizan. Otra cosa, y otra perspectiva, es la visión social y de ordenación de la actividad.
Los esfuerzos por el equilibrio exigen una actuación pública imparcial y equilibrada. El conocimiento del informe remitido al TSJM por la presidenta del CSD en el asunto de la suspensión de las elecciones confirma que este órgano de gestión del deporte no está en aquellos parámetros.
Esto es igualmente legítimo, y también los otros órganos de la Administración pueden tener su criterio y su opción, pero lo que es cierto es que cuando se inclina la balanza se pierde legitimidad para la opción mediadora y de composición de intereses.
Insistimos en que es legítimo porque forma parte de la opción política de cada uno. Otra cosa son sus consecuencias, que se están viendo y apuntan a verse con más intensidad en el futuro.
A partir de aquí y del propio desequilibrio, las partes en conflicto se cruzan querellas, aunque no todas son equiparables. No debe tener el mismo reproche moral, a priori, una querella interpuesta desde una institución semipública, como una federación deportiva, contra un órgano del Estado, que la que interpone una entidad puramente privada, como un club o SAD, contra una federación. La Federación representa los intereses generales de todos los agentes involucrados en su deporte; un club defiende intereses propios, exclusivos.
Ya veremos el recorrido que puedan las últimas que hemos conocido, pero nos consta que en el pasado reciente, una de ellas, que luego fue archivada, produjo, entretanto, una parálisis de varios meses en la institución pública a la que se dirigió.
Históricamente, a esto se le llamó “Querella a la catalana”, expresión que los juristas conocen bien por representar, precisamente, su carácter instrumental y no final.
Querellas "a la catalana" hubo siempre, siempre se intentaron reducir y si se ha conseguido es por la responsabilidad del propio querellante y no por hacer pasar los medios por encima de los fines.
El reproche, como decíamos, no puede ser jurídico es, sobre todo, ético o estético, pero no jurídico porque ejercer los derechos de cada uno es posible y son los terceros dirimentes los que deben resolver la solvencia de lo planteado.
De hecho, en inifinidad de ocasiones la querella no sólo está justificada, sino que se convierte en el último recurso cuando el afectado se siente aplastado por una maquinaria poderosa movida por intereses oscuros.
Es cierto que el ordenamiento penal dispone de elementos de contrapeso como la querella por denuncia falsa que, realmente, se utiliza menos que la instrumentalización del ámbito penal pero que está prevista y es un contrapeso previsto por el legislador.
En cualquier caso, evitar la instrumentalización del derecho penal en una organización cerrada como es el deporte –y el fútbol en particular- solo es posible desde el dialógo, la responsabilidad, el equilibrio, la mediación y el respeto mutuo. Estos valores sitúan el conflicto en sus términos más idóneos y no se presentan como la ilusión de la inexistencia del conflicto, solo de su resolución en términos que no afecten a la organización en su conjunto.
No son estos los tiempos que estamos viviendo. El camino para la armonización no está sembrado sino de bombas y éstas estallan, como consecuencia, tan a diario que resulta apasionante seguir una realidad que todos los días alimenta la crisis institucional.
El problema de la judicialización es que la justicia es una maquinaria muy compleja, muy lenta, pero inesperada. Las resoluciones de dentro de unos pocos meses o años afectarán a situaciones consolidadas, a derechos adquiridos o por adquirir y, en consecuencia al normal funcionamiento de una actividad que exige o que demanda otras reglas de actuación.
Esto no puede conseguirse sin el consenso y el equilibrio. Ni uno ni otro se aprecian en nuestro panorama y así todo se vuelve complejo. El penal interfiere en el deportivo, el deportivo en la competición, la competición en los intereses de unos y otros y el resultado final es la confusión.
Esta confusión es un mal terreno para construir y el fútbol necesita arquitectos que nos ayuden a superar una crisis sanitaria que se presenta como una amenaza contra la normalidad y que afecta de lleno a la actividad. Sería mejor que todos, empezando por la cúspide de la pirámide, contribuyan a transitar por este momento y a construir un esquema de solución que, desde luego, no se consigue con el conflicto jurídico permanente.





















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