
Contra la proclamación de la Liga como profesionalizada y después de que el recurso ante el CSD no ha obtenido respuesta. Considera una invasión de los derechos audiovisuales, el control económico que quiere imponer la RFEF a los clubes
El pasado 24 de junio ya adelantamos en IUSPORT las acciones que la Asociación de Clubes femeninos donde están 13 de los 16 clubes, a raíz de la proclamación de la liga femenina como “profesionalizada” por la Comisión Delegada de la RFEF el pasado 10 de junio.
Una decisión que, como ya adelantamos en IUSPORT, no fue bien recibida en el seno de la Asociación de Clubes femeninos. Por un lado porque fue adoptada sin consultar con ellos y con ninguno de los clubes que lo forman.
Y por otro, porque choca con el movimiento que ha empezado desde el fútbol femenino para conseguir que sea reconocido como liga profesional en la Ley del Deporte al igual que están el fútbol masculino y el baloncesto. Solicitud que ya fue presentada ante el CSD y de la cual no ha tenido todavía no hay una respuesta definitiva desde el órgano estatal del deporte.
Ya entonces en IUSPORT contamos la impugnación desde la propia Asociación de este reglamento ante el CSD. Impugnación de la cual no ha tenido respuesta alguna, lo que le lleva a este grupo de clubes a emprender el siguiente paso. Y no es otro que llevar a la RFEF a la justicia ordinaria, denunciando este reglamento ante el contencioso administrativo.
Conviene recordar que este reglamento, compuesto de 29 páginas, fue enviado hace unas fechas a todos los clubes implicados. En el mismo establece unos mecanismos internos de gestión de dichas competiciones mediante la creación de los comités profesionalizados a los que se deben integrar todos los clubes y que tendrá una autonomía en el marco de los órganos de la RFEF para la gestión de los aspectos que les son específicos y que mejoran el modelo de gobernanza de dichas competiciones. La normativa prevé, también, que en su caso se podrá delegar la gestión organizativa de dichas competiciones a un tercero mediante un sistema de acuerdos, convenios o contratos de encomienda de gestión.
Asume la RFEF algunos derechos sobre los que no tiene competencias
Desde la Asociación consideran que dicho reglamento de competición profesionalizada asume algunos derechos sobre los que no tiene competencia.
Así la calificación de competición profesionalizada lleva implícito también, según este nuevo reglamento, la necesidad de fijar en las bases de competición una serie de requisitos basados en la profesionalidad de los futbolistas y, en su caso, del conjunto de participantes en la competición, especialmente los técnicos. Mediante estas normas de competición se fijan también, las condiciones mínimas de carácter laboral que deberán reunir los participantes en las competiciones profesionalizadas, tales como, en su caso presupuesto mínimo de los clubes participantes, posible presupuesto mínimo para la plantilla con contrato de trabajo del primer equipo, número mínimo de licencias P, salarios mínimos para competir, dedicación mínima de los/as jugadoras profesionalizadas, controles económicos específicos, etc..
Este es sin duda uno de los más aspectos donde la Asociación no está de acuerdo al entender que la RFEF carece de competencias para regular estos aspectos como es el modelo de contrato laboral de las futbolistas.
Gestión de los derechos audiovisuales
Otro de los temas más conflictivos, como ya explicamos en el diario SPORT, radica en el apartado de los derechos de televisión. Según el documento elaborado por la RFEF, y conforme a lo establecido en el Real Decreto del 2015, este nuevo Comité tendría las competencias para "proponer al órgano de gestión de derechos audiovisuales de la RFEF fórmulas de gestión sobre la comercialización y explotación de estos derechos" así como proponer al mismo órgano "la adopción de mecanismos de control, revisión y auditoría de gestión comercial y los resultados económicos derivados de la explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales". Incluso hasta proponer "la determinación de las cantidades que corresponde percibir a cada club por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales". Criterios de reparto que se publicarían en la pagina web antes del comienzo de la temporada.
Algo que desde la Asociación entienden que no es potestad de la RFEF por cuanto entienden que los derechos son propiedad de los clubes y que ahora mismo está en vigor un acuerdo con Mediapro para la explotación de los derechos de la competición liguera y de la Copa de su Majestad la Reina hasta el final de la temporada 2021-2022. A esto se suma controles desde el punto de vista de explotación comercial sobre los que también desde la Asociación no tiene competencias
Fija un control económico sobre el que tampoco tiene competencias
Y a todo esto se suma las normas de control económico que desde l RFEF ha enviado a los clubes de fútbol no profesionales (Segunda División B, Tercera o FÚTBOL femenino) además del fútbol sala. Normas que tanto esta temporada como la próxima son de carácter consultivo pero que desde la temporada 2021-2022 la RFEF quiere imponer sanciones para quienes no lo cumplan. Algo que desde la Asociación entienden que no pueden ejercer en tanto la RFEF es el organizador de la competición pero no tiene potestad alguna sobre los clubes. Tanto los que dependen de la propia Asociación como los tres que actualmente están al margen: Real Madrid, Barcelona y Athletic Club. Estamos pues ante un capítulo más del enfrentamiento entre la RFEF y la Asociación que representa ante la mayoría de clubes femeninos de Primera y Segunda del fútbol español





















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