El pasado 2 de mayo informamos en IUSPORT que el Consejo Superior de Deportes (CSD) había comunicado a las federaciones su disposición a habilitar agosto como mes hábil para las elecciones.
Un día después de participar en la reunión de la junta directiva de ADESP (Asociación del Deporte Español), la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, remitió una carta al presidente de ésta, José Hidalgo, en la que le ofrecía detalles al respecto en respuesta a algunas demandas de las federaciones.
Como es sabido, el mes de agosto está declarado inhábil a efectos electorales por la orden ministerial que regula las elecciones federativas (2015, ECD72764/2015), pero al haberse aplazado los JJOO el CSD entiende quie no hay obstáculo para habilitarlo este año, si se lo solicita alguna federación.
Pues bien, según hemos sabido, la RFEF se propone pedir esa excepción al CSD con el fin de iniciar el proceso electoral tan pronto se levante el estado de alrma, lo cual está previsto para el 7 de junio o, en caso de un última prórroga, en torno al 24 de dicho mes.
El CSD opta por el caminio más largo
Como ya comentamos en su momento, el CSD, en lugar de tramitar una orden ministerial que modifique la vigente, en el sentido de incorporar todas esas cuestiones, lógicas al haberse aplazado los JJOO de Tokio, lo que hace es trasladar el problema a las federaciones, las cuales deberán solicitar todas estas excepciones al CSD y, una vez autorizadas por su presidenta, incorporarlas a sus reglamentos electorales, que a su vez tendrán que ser aprobados por las comisiones delegadas de las federaciones y elevarse a la comisión directiva del CSD para su aprobación definitiva.
Como se ve, no solo traslada el problema a las federaciones, sino que sobrecarga al TAD, que debe informar todos los reglamentos electorales, y a los servicios del propio CSD y a su comisión directiva.
Es evidente que desde el momento en que se aplazaron los JJOO, hecho que se produjo a finales de marzo pasado, el CSD, que estuvo raudo al avisar a las federaciones de que tal aplazamiento a 2021 no iba a influir en los procesos electorales a celebrar este año, debió iniciar los trámites de una nueva orden ministerial en el sentido que antes indicamos, no dejar dormido el asunto para ahora trasladar el problema a las federaciones.
Una orden que aún está a tiempo de aprobarse y que debería recoger todos esos cambios, en lugar de esperar a que los soliciten las federaciones.
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