La división frente al estado de alarma tensiona el inicio de la desescalada

La cuestionada cuarta prórroga del estado de alarma, en vilo en vísperas de su votación en el Congreso, está tensionando los complejos preparativos de la fase inicial de la desescalada, prevista para el próximo día 11, cuya aplicación en Barcelona y su área metropolitana estudian retrasar las autoridades sanitarias catalanas debido a los datos que cuestionan la correcta evolución de la epidemia.

De forma global, en cambio, los contagios prosiguen su ritmo decreciente, por debajo del 0,5 % desde que comenzó el mes de mayo, al margen de los reajustes en Madrid y los que están aún pendientes en Cataluña en unas estadísticas quebradas, que este martes registran menos de 200 muertos por tercer día consecutivo y algo más de 70.000 casos activos de la COVID-19.

Los positivos detectados mediante test PCR contabilizados hoy (867) aumentan un 0,4 por ciento hasta llegar a los 219.329, tras reordenarse los datos de la Comunidad de Madrid, que ha comunicado 143, frente a uno que consignó el lunes y, según ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, está esforzándose por “limpiar su serie estadística”.

Barcelona se retrasa

También está ajustando sus cifras Cataluña con los pacientes de coronavirus que han permanecido en aislamiento domiciliario, lo que en buena medida determina los 405 casos notificados, que suponen casi la mitad de un total que ha acusado, aunque en menor medida que otros martes, las comunicaciones retrasadas por el fin de semana, en este caso el puente de tres días.

En Cataluña la preocupación se centra en Barcelona y su área metropolitana, las zonas más castigadas por la pandemia, lo que ha llevado este martes a la consellera de Salud, Alba Vergés, a reconocer que tanto la capital catalana como otras muchas poblaciones de su conurbación pueden seguir a partir del próximo lunes confinadas, dado que no se cumplen las condiciones epidemiológicas exigidas para el desconfinamiento.

Cierta inquietud causan también los 832 casos, entre los confirmados (95) y los sospechosos sin test, detectados en Castilla y León en las últimas 24 horas, que elevan su tasa por cada 100.000 habitantes los últimos 14 días hasta los 103,27, con lo que ocupa el primer lugar del ránking que publica el ministerio de Sanidad por delante de Cataluña (99,79).

Para mañana está fijada la fecha que las autonomías deben remitir sus propuestas para iniciar en sus territorios a partir del lunes la fase 1 de la desescalada, a la que se podrán sumar diariamente otras provincias o zonas sanitarias, como se acuerde, siempre que cumplan varias premisas cualitativas y dos cuantitativas: disponer o poder disponer en 5 días de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 49 hospitalarias para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

Las muertes confirmadas se han estabilizado por debajo de las 200 por tercer día consecutivo con un ligero repunte (185), lo que eleva el número de fallecidos por la epidemia en España a 25.613, con 219.329 infectados, 70.230 casos activos y 123.329 curados.

La epidemia de los sanitarios

A esos números globales hay que sumar uno que no cesa de aumentar y que ha alcanzado una preocupante magnitud, el del personal sanitario contagiado con la COVID-19, que ronda ya los 44.000, casi el 20 por ciento del total y que actualmente son la mayoría de los nuevos casos que se reportan.

Los sanitarios, desprovistos de la protección adecuada desde el inicio de la epidemia y aún en algún caso casi dos meses después, se han convertido en “el principal foco de contagios”, según ha dicho hoy Fernando Simón, que ha recordado que, a diferencia de la población general, hay más mujeres y su edad media es inferior al ser trabajadoras en activo.

Estas circunstancias hacen que de los sanitarios que han contraído la enfermedad sólo una parte muy exigua haya necesitado ingresar en la UCI y que la letalidad apenas supere el 0,1 por ciento, con medio centenar de fallecidos, la mayoría de ellos médicos de Atención Primaria.

Dos grandes hospitales de Madrid y Cataluña estiman que el 11 % de su personal se ha visto afectado por el coronavirus, aunque el Ministerio de Sanidad considera que la incidencia en centros sanitarios es menor, del 3 por ciento o incluso algo más baja.

Divisiones políticas

Si los contagios de los sanitarios han sido una de las constantes de la crónica de estos dos meses de epidemia, la de la división de los políticos no ha sido menos recurrente, con un capítulo aún por cerrar mañana en el Congreso con la amenazada prórroga del estado de alarma como protagonista.

Para hacer frente a esas “amenazas”, el Gobierno ha intensificado este martes las negociaciones con Cs y el PNV para garantizarse esa renovación, independientemente de lo que haga finalmente el PP, cuya advertencia de "no apoyar" la prórroga ha sido suavizada este martes por algunos de sus barones regionales, como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, que han abogado por facilitarla por última vez hasta finales de mayo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha insistido en que el estado de alarma es el "único instrumento" para restringir la movilidad y que "no hay alternativa", ha confiado en obtener mañana el respaldo del Congreso al decreto. "No se arrepentirán", ha dicho en el Senado a los portavoces del PP y Cs.

Esa mayoría en la Cámara Baja pende de un hilo, más si cabe después de que ERC anunciara su intención de votar en contra, y para ello el Gobierno trata de llegar a un acuerdo con Cs, que condiciona su apoyo a que se desvinculen ertes y ayudas sociales del estado de alarma, y el PNV, que apela al autogobierno para gestionar la desescalada.

Ante las reiteradas críticas a Sánchez de actuar unilateralmente, el ministro Illa ha asegurado que el decreto aprobado en el Consejo de Ministros refuerza "todos los mecanismos de cogobernanza" y "pone en valor la participación de las comunidades y ciudades autónomas con arreglo a los principios de colaboración y coordinación" que han sido, según ha dicho, "la guía de actuación del Gobierno".