El técnico abonó dicha cantidad en cuatro transferencias, el mismo número de llamadas que le hizo el extorsionador, quien le amenazó con hacer daño a su familia.
El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández, pagó la cantidad de 30.000 euros a una red de extorsión a usuarios que llamaban a una web de contactos, tras recibir amenazas telefónicas de un hombre.
El técnico abonó dicha cantidad en cuatro transferencias, el mismo número de llamadas que le hizo el extorsionador, quien le amenazó con hacer daño a su familia, según se desprende del sumario del caso, conocido como 'sextorsión', que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, cuyo titular ya ha levantado el secreto que pesaba sobre el mismo, según pública este martes el Heraldo de Aragón.
La trama, que ha dejado víctimas por toda España, estaba organizada en seis grupos distintos, aunque conectados entre sí, y con un núcleo principal situado en la Comunidad Valenciana.
Las primeras denuncias surgieron en la provincia turolense. Dos personas, Massinissa F., alias Erik, e Ismael B., alias Salva, que se encuentran ahora en prisión, ejercían como cabecillas. Según publica Diario de Teruel, las extorsiones se venían realizando al menos desde 2016. El grupo de Erik amenazaba y extorsionaba a las víctimas que ingresaban el dinero en cuentas que prestaban otras personas a cambio de una remuneración.
El grupo de Salva extorsionaba con otro equipo organizado con sus propias "mulas" para hacerse con el dinero y otras tres personas blanqueaban estas cantidades, entre los que figura en el sumario el jugador del Levante Toño García, detenido en febrero de 2019, que estuvo en prisión provisional durante un mes y fue puesto en libertad, una vez que la Audiencia Provincial de Teruel estimase su recurso de apelación.
Entre los diferentes grupos, estaría también otro dedicado a la estafa y falsedad documental de cheques bancarios. Ante el elevado número de afectados en todo el país, que pueden llegar a 4.000, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha planteado al Tribunal Supremo una cuestión de competencia jurisdiccional para que el caso lo lleve la Audiencia Nacional.
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