Los asuntos fiscales frenan el nombramiento de Pepu Hernández en el CSD

La Moncloa está revisando al detalle la supuesta irregularidad fiscal que se imputó a Pepu Hernández cuando fue nominado a la alcaldía de Madrid, antes de llevar su nombramiento como nuevo presidente del CSD al consejo de ministros. 

Ya hemos informado que Pepu es el candidato preferido de Pedro Sánchez, pero el presidente no quiere repetir el patinazo cometido con Máxim Huerta. No solo eso, también surgieron insinuaciones similares cuando se nombró a la actual presidenta del CSD, María José Rienda.

Por ello, La Moncloa quiere asegurare de que el "problema" fiscal de Pepu no va a tener recorrido si vuelve a explotar tras su eventual nombramiento. 

Por otro lado, esto explica que haya surgido en los últimos días otro nombre para la presidencia del CSD: Gonzalo Miró, de lo que también dimos cuenta en primicia en IUSPORT. 

El "problema" de Pepu 

Recordemos que en mayo pasado la entonces precandidatura del exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández para las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid negó que el exseleccionador de baloncesto haya cometido ninguna irregularidad fiscal y defendió que su sociedad mercantil ha tributado "conforme a la ley vigente" en todo momento.

Así lo aseguró la entonves portavoz de esta precandidatura, la concejal madrileña Mar Espinar, quien subrayaba que la Agencia Tributaria no había enviado ningún requerimiento a Hernández y agregaba que estaban "muy tranquilos" porque está "todo en orden".

Según publicó entonces El Confidencial, Hernández creó en 2006 una sociedad mercantil para "ahorrarse impuestos" en los ingresos que empezó a obtener de sus derechos de imagen, las charlas de motivación empresarial y la edición de publicaciones tras la victoria de la selección española de baloncesto en el Mundial de Japón en 2006.

El Confidencial aseguraba que la sociedad Saitama 2006 SL le habría permitido tributar por esos ingresos al tipo del 25 % del impuesto de sociedades, mucho más favorable que el tipo máximo del IRPF -en Madrid llegó a estar en 2012 en el 51,9%- que podría haberle correspondido en su lugar.
 

Negó otra acusación de EL MUNDO

También defendió Espinar que es falso que, como publicó El Mundo, Pepu Hernández comprase una casa en Ribadesella mediante esta sociedad: "Es absolutamente falso (...) lo hizo Pepu con su mujer como personas físicas asumiendo todas las obligaciones. Está al día de sus pagos y al corriente de sus obligaciones fiscales".


Además, defendió que no es ella quien dice que no hay nada irregular sino la "propia Agencia Tributaria" al no haber enviado requerimientos y defendió que se puede demostrar que no existen ilegalidades "aplicando la ley".

El caso del ministro Máxim Huerta

Pedro Sánchez nombró ministro de Cultura y Deporte a Máxim Huerta el 6 de junio de 2018, pero este renunció siete días después, tras conocerse que fue sancionado a abonar 218.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF.

El caso de María José Rienda

La actual secretaria de Estado y presidenta del CSD, María José Rienda, también fue acusada en su día de haber utilizado una sociedad instrumental para tributar menos.

Tras publicarse una serie de informaciones en ese sentido  en noviembre de 2018, María José Rienda salió a defenderse negando haber cometido ninguna irregularidad fiscal. En un acto público, defendió estar "al corriente" de todos los pagos con el fisco y que "no ha habido ninguna evasión de impuestos" por su parte.

"Esa información sale del portal de transparencia del gobierno. No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido ninguna evasión de impuestos", afirmó Rienda tras presidir entonces un acto en la sede del CSD.

La presidenta respondió así a la información publicada por el diario El Mundo, que afirmaba que utilizó una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos ocho años de su carrera como esquiadora, práctica prohibida por la Agencia Tributaria.